{"id":1607,"date":"2025-12-29T16:05:18","date_gmt":"2025-12-29T21:05:18","guid":{"rendered":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/?p=1607"},"modified":"2025-12-29T16:05:18","modified_gmt":"2025-12-29T21:05:18","slug":"casacion-n-936-2018-ayacucho","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/casacion-n-936-2018-ayacucho\/","title":{"rendered":"CASACI\u00d3N. N\u00b0 936 – 2018\/AYACUCHO"},"content":{"rendered":"\n
\n
PRESENTADO POR: EMERSON PAUL VILCA TUPA<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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TERMINACI\u00d3N ANTICPADA, PRINCIPIO DE CONSENSO Y CONTROL JUDICIAL<\/pre>\n\n\n\n
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Parte denunciada <\/td>Valent\u00edn Quispe Curo<\/td><\/tr>
\u00d3rgano de Primera Instancia<\/td>Tercer Juzgado de Investigaci\u00f3n Preparatoria de Huamanga.<\/td><\/tr>
\u00d3rgano de Segunda Instancia<\/td>Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.<\/td><\/tr>
Materia<\/td>Delito de tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas agravado (Art. 296 \u2013 297 C.P.)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
1.- HECHOS DEL CASO: \n<\/mark>El veintiocho de marzo del dos mil diecis\u00e9is, aproximadamente a las 12:00 horas, el encausado fue intervenido por personal de la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa. cuando manejaba el veh\u00edculo con placa de rodaje F7O-171, en el que se encontraban dos ocupantes m\u00e1s. AI procederse a realizar el registro vehicular, se encontr\u00f3 en la parte del techo un compartimento prefabricado en cuyo interior se encontr\u00f3 acondicionados 90 (noventa) paquetes tipo ladrillo, borrados con cinta de color plomo los que al ser sometidos al examen pericial qu\u00edmico respectivo, dieron como resultado clorhidrato de coca\u00edna con un peso neto de 89.974 kilogramos.<\/pre>\n\n\n\n
\n\n\n\n
2. IMPUTACION PENAL: <\/mark><\/p>\n\n\n\n
C\u00f3digo Penal<\/td>Delito de trafico il\u00edcito de drogas agravado<\/mark><\/td><\/tr>
Art. 296 y 297.<\/td>Previsto en el primer p\u00e1rrafo del articulo 296 del c\u00f3digo penal (tipo base) con la agravante contenida en el numeral 7 del articulo 297.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
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3.- PROCEDIMIENTO DE LA TERMINACION ANTICIPADA: <\/mark><\/p>\n\n\n\n
Mediante acta de terminaci\u00f3n anticipada, celebrado el 26 de setiembre del 2017, el representante del Ministerio P\u00fablico y el encausado suscribieron un acuerdo provisional, en donde se acord\u00f3 sobre la pena privativa de libertad de 15 a\u00f1os y 180 d\u00edas multa; luego de contemplar la reducci\u00f3n de un sexto, se qued\u00f3 en 12 a\u00f1os y 6 meses de pena privativa de libertad y al pago de ciento cincuenta d\u00edas multa, este acuerdo provisional fue presentada al Tercer Juzgado de Investigaci\u00f3n Preparatoria de Huamanga para su terminaci\u00f3n anticipada, siendo aceptada por el \u00f3rgano jurisdiccional y citando a la audiencia de terminaci\u00f3n anticipada del proceso.<\/p>\n\n\n\n
CUESTI\u00d3N JUR\u00cdDICA DE LA CASACI\u00d3N<\/strong><\/h6>\n\n\n\n
La cuesti\u00f3n jur\u00eddica central que la Corte Suprema deb\u00eda resolver en la presente casaci\u00f3n consiste en determinar si el juez de investigaci\u00f3n preparatoria, al ejercer el control del acuerdo de terminaci\u00f3n anticipada, puede rechazarlo por considerar desproporcionada la pena y\/o insuficiente la reparaci\u00f3n civil, o si dicha actuaci\u00f3n vulnera el principio acusatorio y excede las atribuciones del Ministerio P\u00fablico como titular de la acci\u00f3n penal.<\/p>\n\n\n\n
En t\u00e9rminos m\u00e1s concretos, la casaci\u00f3n plantea dilucidar cu\u00e1les son los l\u00edmites del control judicial en la terminaci\u00f3n anticipada, y si este control se circunscribe a una verificaci\u00f3n meramente formal del acuerdo o si comprende un control material de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de las consecuencias jur\u00eddicas pactadas por las partes.<\/p>\n\n\n\n
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4.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: <\/mark><\/p>\n\n\n\n
Realizada la audiencia de terminaci\u00f3n anticipada, el Juez emiti\u00f3 sentencia el 13 de diciembre del 2017, aprobando el acuerdo de terminaci\u00f3n anticipada y condenando a Valentin Quispe Curo, a 10 a\u00f1os de pena privativa de libertad y al pago de cien d\u00edas multa, en dicha sentencia el Juez no tomo en cuenta lo acordado por las partes, en cambio decidi\u00f3 que se fijen 12 a\u00f1os de pena privativa de libertad y aplic\u00f3 la reducci\u00f3n de un sexto resultado la pena final de diez a\u00f1os y a 100 d\u00edas multa, sustent\u00e1ndose el Juez, err\u00f3neamente, en el principio de proporcionalidad, la razonabilidad de la pena y el principio de humanidad, por cuanto el imputado reconoci\u00f3 su responsabilidad, habiendo incurrido el Juez en la infracci\u00f3n al principio de legalidad. No estando de acuerdo con la sentencia, \u00e9sta fue impugnada por el representante del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
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5.- SENTECIA DE SEGUNDA INSTANCIA: <\/mark><\/p>\n\n\n\n
En segunda instancia, la sentencia fue confirmada en todos sus extremos por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Ayacucho, dicha sala se\u00f1ala que el cuestionamiento a la variaci\u00f3n de la pena se encontraba justificada, no llegando a analizar si el juzgador en primera instancia hab\u00eda vulnerado el principio de legalidad al momento de imponer la pena.<\/p>\n\n\n\n
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6.- RECURSO DE CASACI\u00d3N:<\/mark><\/p>\n\n\n\n
El representante del Ministerio P\u00fablico fundament\u00f3 su recurso de casaci\u00f3n b\u00e1sicamente en que se infraccion\u00f3 el principio de legalidad, por cuanto no se tuvo en cuenta el acuerdo arribado para la terminaci\u00f3n anticipada, pues en dicho acuerdo se hizo los c\u00e1lculos correspondiente para la rebaja de la pena y de manera injustificada el \u00f3rgano jurisdiccional hizo nueva reducci\u00f3n de un sexto, es decir se descont\u00f3 en dos oportunidades un sexto de la pena.<\/p>\n\n\n\n
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7.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DE CASACI\u00d3N: <\/mark><\/p>\n\n\n\n
CASACI\u00d3N:<\/td>CASACI\u00d3N N\u00b0 936-2018\/AYACUCHO<\/td><\/tr>
A)<\/td>La terminaci\u00f3n anticipada, pues en este aspecto, la sala manifiesta que dicho proceso sirve para simplificar y acelerar el proceso, pues es una soluci\u00f3n alternativa al proceso penal com\u00fan y que se sustenta en el principio de consenso, pues implica un acuerdo entre las partes sobre el hecho imputado (delito) y su consecuencia jur\u00eddica (pena)<\/td><\/tr>
B)<\/td>Otro punto es que la negociaci\u00f3n entre el fiscal y el imputado no vayan contra el principio de legalidad, es decir que los acuerdos est\u00e9n fijados dentro de los alcances de la ley y que no puede ser aceptado los acuerdos ilegales o contrarios a la ley.<\/td><\/tr>
C)<\/td>el control de la legalidad del acuerdo de la terminaci\u00f3n anticipada, la cual es ejercida por el Juez mediante el control judicial, pues en el control se debe calificar que cumplan los aspectos formales y legales de modo, plazo y forma; el Juez solo debe analizar que la pena acordada no sea ilegal, por lo tanto no debe reemplazar la voluntad de las partes.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
En consecuencia, la Sala Penal Permanente, decidi\u00f3 declarar fundado el recurso de casaci\u00f3n<\/mark> por indebida aplicaci\u00f3n de la ley penal al momento de fijar la pena, por lo que CASARON<\/mark> la sentencia de vista y ordenaron que la Sala Penal de Apelaciones de Huamanga cumpla con dictar nueva sentencia de vista.<\/p>\n\n\n\n
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aportes<\/mark><\/h6>\n\n\n\n
La presente casaci\u00f3n aporta criterios interpretativos relevantes para la correcta aplicaci\u00f3n de la terminaci\u00f3n anticipada dentro del proceso penal:<\/p>\n\n\n\n
1. Delimitaci\u00f3n clara del control judicial<\/strong>
La Corte Suprema precisa que el juez no se limita a verificar la existencia formal del acuerdo, sino que debe evaluar su\u00a0contenido material, especialmente en lo referido a la pena concreta y a la reparaci\u00f3n civil, asegurando su compatibilidad con los fines de la pena.<\/p>\n\n\n\n
2. Reafirmaci\u00f3n de los l\u00edmites del consenso procesal<\/strong>
Se establece que el acuerdo entre las partes no puede convertirse en una fuente aut\u00f3noma de consecuencias jur\u00eddicas, ya que todo consenso est\u00e1 subordinado al respeto de la legalidad penal y procesal.<\/p>\n\n\n\n
3. Fortalecimiento del rol del juez de investigaci\u00f3n preparatoria<\/strong>
La sentencia consolida al juez como un\u00a0garante activo\u00a0del debido proceso, descartando interpretaciones que pretendan reducir su funci\u00f3n a un rol meramente homologador.<\/p>\n\n\n\n
4. Protecci\u00f3n efectiva de la v\u00edctima<\/strong>
Se reconoce que el control judicial debe extenderse a la reparaci\u00f3n civil, evitando acuerdos que resulten simb\u00f3licos o insuficientes frente al da\u00f1o ocasionado.<\/p>\n\n\n\n
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CONCLUSIONES<\/mark><\/strong><\/h6>\n\n\n\n
La casaci\u00f3n analizada consolida un criterio jurisprudencial relevante al establecer que la\u00a0terminaci\u00f3n anticipada no es una facultad discrecional ni exclusiva del Ministerio P\u00fablico, sino un mecanismo procesal excepcional que requiere un\u00a0control judicial efectivo y sustantivo. La Corte Suprema ha dejado en claro que el consenso procesal entre fiscal e imputado no puede prevalecer sobre los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad que rigen la potestad punitiva del Estado.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la sentencia reafirma que el\u00a0principio acusatorio no se ve vulnerado\u00a0por el ejercicio del control judicial, pues dicho principio no excluye la intervenci\u00f3n del juez como garante del debido proceso. Por el contrario, el juez de investigaci\u00f3n preparatoria cumple un rol constitucionalmente indispensable al impedir que acuerdos carentes de proporcionalidad o legalidad sean convalidados de manera autom\u00e1tica, evitando as\u00ed la desnaturalizaci\u00f3n de la justicia penal consensuada.<\/p>\n\n\n\n
Desde una perspectiva garantista, la decisi\u00f3n suprema fortalece la tutela de los\u00a0derechos de la v\u00edctima, reconociendo que la reparaci\u00f3n civil no es un elemento accesorio, sino una consecuencia jur\u00eddica que debe ser razonable y suficiente. En consecuencia, la casaci\u00f3n interpuesta por el Ministerio P\u00fablico carec\u00eda de sustento jur\u00eddico s\u00f3lido, pues pretend\u00eda restringir indebidamente el alcance del control judicial y ampliar de forma impropia las facultades fiscales, en perjuicio del equilibrio procesal y de las garant\u00edas constitucionales.<\/p>\n\n\n\n
La Sentencia de Casaci\u00f3n en el presente caso est\u00e1 bien dada, por cuanto en la sentencia de primera instancia, as\u00ed como de segunda instancia se lesiono el principio de legalidad, al haber dictado una pena privativa de libertad que no estaba en el acta de acuerdo presentada para la terminaci\u00f3n anticipada. Pues, la terminaci\u00f3n anticipada siendo un proceso especial e independiente del proceso com\u00fan, tiene por finalidad la simplificaci\u00f3n y aceleraci\u00f3n del proceso penal y las partes llegan a un acuerdo respecto de las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparaci\u00f3n civil y la negociaci\u00f3n que sostenga el fiscal con el imputado debe encontrase sujeta a los alcances del principio de legalidad; es decir los acuerdos deben estar dentro de los l\u00edmites establecidos por el marco normativo; y el control judicial del acuerdo no debe reemplazar la voluntad de las partes ni pretender que el acuerdo se modifique en funci\u00f3n del juicio libre del juez, quien debe limitarse a evaluar que la pena acordada no sea ilegal, por exceso o por defecto.<\/p>\n\n\n\n
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<\/object>Casacion-N-936-2018AYACUCHO<\/a>Descarga<\/a><\/div>\n\n\n
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VILCA TUPA EMERSON PAUL<\/p><\/div><\/div>\n\n
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