{"id":213,"date":"2024-05-26T17:51:30","date_gmt":"2024-05-26T22:51:30","guid":{"rendered":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/?p=213"},"modified":"2025-05-07T20:24:17","modified_gmt":"2025-05-08T01:24:17","slug":"acuerdo-plenario-n-2-2008-cj-116","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/acuerdo-plenario-n-2-2008-cj-116\/","title":{"rendered":"ACUERDO PLENARIO N\u00b0 2-2008\/CJ-116"},"content":{"rendered":"\n

ASUNTO:<\/strong> Alcances de la pena de inhabilitaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

FECHA: <\/strong>Lima, dieciocho de julio de 2008<\/p>\n\n\n\n

ANTECEDENTE:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Pleno decidi\u00f3 tomar como referencia las Ejecutorias Supremas que analizan y deciden sobre la pena de inhabilitaci\u00f3n. Espec\u00edficamente resolvi\u00f3 abordar los alcances de la pena de inhabilitaci\u00f3n, la extensi\u00f3n y tiempo de duraci\u00f3n de la inhabilitaci\u00f3n, tanto principal como accesoria, as\u00ed como las exigencias procesales para su imposici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

ACUERDO:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

15\u00b0 ESTABLECER<\/strong> como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jur\u00eddicos 8\u00ba al 16\u00ba.<\/p>\n\n\n\n

FUNDAMENTOS DESTACADOS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

FUNDAMENTO 8.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo 36\u00ba del C\u00f3digo Penal se\u00f1ala taxativamente los derechos que pueden ser objeto de la pena de inhabilitaci\u00f3n. Comprende hasta ocho \u00e1mbitos precisos y corresponde a los tipos delictivos identificarlos. Sin embargo, en el caso del art\u00edculo 39\u00ba del C\u00f3digo Penal ser\u00e1 el \u00f3rgano jurisdiccional el que defina los derechos objeto de afectaci\u00f3n punitiva, pero siempre dentro del cat\u00e1logo establecido por el citado art\u00edculo 36\u00b0.<\/p>\n\n\n\n

(\u2026) el derecho comprendido por la inhabilitaci\u00f3n ha de estar claramente relacionado con el delito cometido por el penado. Por tal raz\u00f3n, la motivaci\u00f3n exigida debe abarcar, entre otras cuestiones, la conexi\u00f3n que se da entre el delito cometido y el ejercicio del derecho afectado mediante dicha pena.<\/p>\n\n\n\n

FUNDAMENTO 9.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

(\u2026) como pena conjunta, corre paralelamente a las otras penas principales, y se computa a partir de la fecha en que la sentencia queda firme.<\/p>\n\n\n\n

En el caso de la pena de inhabilitaci\u00f3n accesoria, \u00e9sta se extiende por igual tiempo que la pena principal. Luego, el art\u00edculo 39\u00b0 del C\u00f3digo Penal debe interpretarse sistem\u00e1ticamente en funci\u00f3n a la duraci\u00f3n asignada a la pena de inhabilitaci\u00f3n principal en el art\u00edculo 38\u00b0 de ese Cuerpo de Leyes. En consecuencia, la inhabilitaci\u00f3n accesoria no puede ser superior a cinco a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

FUNDAMENTO 10.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\n

La inhabilitaci\u00f3n principal es, asimismo, temporal, pero existen excepciones en funci\u00f3n a la \u00abnaturaleza de las cosas\u00bb, por la definitividad del derecho o actividad objeto de privaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Taxativamente, de conformidad con el inciso 6) del art\u00edculo 36\u00b0 del C\u00f3digo Penal, codificado por la Ley n\u00famero 29106, l cancelaci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n para porta o hacer uso de armas de fuego es perpetua, y siempre y cuando la pena que conlleva el delito cometido es doloso y merezca pena privativa de libertad superior a cuatro a\u00f1os.<\/li>\n\n\n\n
  2. El inciso 8) del art\u00edculo 36\u00b0 del C\u00f3digo Penal importa una privaci\u00f3n definitiva de t\u00edtulos honor\u00edficos.<\/li>\n\n\n\n
  3. Respecto del inciso I) del art\u00edculo 36\u00b0 del C\u00f3digo Penal. Como la norma alude a una relaci\u00f3n de derecho p\u00fablico e indica \u00abprivaci\u00f3n\u00bb, es de entender que el penado pierde el cargo, no s\u00f3lo su ejercicio -privaci\u00f3n de titularidad<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n\n\n\n

    FUNDAMENTO 11.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    El principio acusatorio s\u00f3lo exige, en relaci\u00f3n con la acusaci\u00f3n, la (1) congruencia f\u00e1ctica: las caracter\u00edsticas esenciales del hecho punible acusado, en cuyo caso la correlaci\u00f3n es absoluta (\u00bbvinculaci\u00f3n f\u00e1ctica\u00bb); y, (2) a congruencia jur\u00eddica: identidad del bien jur\u00eddico respecto del delito acusado, esto es, una correlaci\u00f3n relativa. En el Nuevo C\u00f3digo Procesal Penal la vinculaci\u00f3n penol\u00f3gica es relativa, pues el art\u00edculo 397\u00b0.3 estipula, bajo la condici\u00f3n de su legalidad -tiempo y extensi\u00f3n-, la no imposici\u00f3n de una pena m\u00e1s grave que la requerida por el Fiscal.<\/p>\n\n\n\n

    FUNDAMENTOS 12 y 13<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Respecto de la solicitud de pena del Fiscal, pueden presentarse, entre otros, dos problemas. 1) omisi\u00f3n de solicitar la pena de inhabilitaci\u00f3n pese a que est\u00e1 forzadamente vinculada al tipo legal objeto de acusaci\u00f3n, y 2) est\u00e1 vinculado a la entidad y a la extensi\u00f3n de la inhabilitaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    Para el primer problema se exponen cinco criterios a tomar en cuenta por el juzgador y el fiscal. Para el segundo problema se dilucidan cinco consideraciones a fin de valorar la inhabilitaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    FUNDAMENTO 14.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Distinto es el caso de la potestad de subsanaci\u00f3n o integraci\u00f3n de omisiones incurridas por el Tribunal A Quo. En el conocimiento del recurso impugnatorio el Tribunal Ad Quem tiene l\u00edmites trazados por el principio de interdicci\u00f3n de la reforma peyorativa, previsto por los art\u00edculos 300.1 del C\u00f3digo de Procedimientos Penales y 409\u00b0.3 del C\u00f3digo Procesal Penal<\/p>\n\n\n\n

    FUNDAMENTO 15<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    La ejecuci\u00f3n de la pena de inhabilitaci\u00f3n, sea que haya sido impuesta como pena principal o accesoria, requiere, como paso previo, que al adquirir firmeza la sentencia condenatoria el \u00f3rgano jurisdiccional de instancia que la dict\u00f3 cumpla con lo dispuesto en el art\u00edculo el 332\u00b0  del C\u00f3digo de Procedimientos. Esto es, que remita el testimonio de condena respectivo para su inscripci\u00f3n en el Registro Judicial y, si correspondiera, al Instituto Nacional Penitenciario y al Establecimiento Penal donde se encuentra el reo. A continuaci\u00f3n, ese mismo \u00f3rgano judicial debe remitir la causa al Juez Penal competente para dar inicio al proceso de ejecuci\u00f3n. Procediendo, este \u00faltimo a cumplir una serie de pautas establecidas.<\/p>\n\n\n\n

    FUNDAMENTO 16.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    El control de la efectividad de las prohibiciones o incapacitaciones impuestas, como queda expuesto corresponde al Juez Penal, quien deber\u00e1 comunicar e instar la vigilancia correspondiente a la autoridad administrativa competente -nacional, regional o municipal- y, en todo caso, a la polic\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

    Al cumplirse el tiempo de duraci\u00f3n de la pena de inhabilitaci\u00f3n, el penado recupera, de pleno derecho, sin necesidad de resoluci\u00f3n judicial, el goce del ejercicio de los derecho suspendidos o afectados, con exclusi\u00f3n -claro est\u00e1- de aquellas privaciones definitivas de derechos ya indicadas en el fundamento jur\u00eddico pertinente.<\/p>\n\n\n\n

    EN CONCLUSI\u00d3N:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Se acord\u00f3 establecer que la inhabilitaci\u00f3n es una sanci\u00f3n que debe regirse por la proporcionalidad y la razonabilidad, pues quitar la libertad a una persona natural es tr\u00e1gico y debe estar enmarcada en un debido proceso, es por eso que los jueces deben seguir una serie de pautas y procedimiento a fin de que la medida sea razonable.<\/p>\n\n\n\n

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