{"id":2195,"date":"2026-07-20T22:24:19","date_gmt":"2026-07-21T03:24:19","guid":{"rendered":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/?p=2195"},"modified":"2026-07-20T22:36:20","modified_gmt":"2026-07-21T03:36:20","slug":"caso-maure-la-batalla-por-el-agua-y-la-consulta-previa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/caso-maure-la-batalla-por-el-agua-y-la-consulta-previa\/","title":{"rendered":"CASO MAURE: La batalla por el Agua y la Consulta Previa"},"content":{"rendered":"\n
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                Realizado por: Sally Euridise Velasquez Pongo<\/em><\/strong><\/mark><\/code><\/pre>\n\n\n\n
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La Comunidad Campesina de Maure<\/strong> fue reconocida oficialmente desde 1940 y se encuentra inscrita en el Registro Oficial de Comunidades Campesinas desde 1990. Su principal actividad econ\u00f3mica es la ganader\u00eda de cam\u00e9lidos, totalmente dependiente del agua de la cuenca del r\u00edo Maure. La comunidad sostuvo que desde 1980 el Estado<\/strong> ha venido utilizando recursos h\u00eddricos pertenecientes a su territorio sin autorizaci\u00f3n ni consulta previa.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
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DATOS GENERALES<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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\u00d3rgano jurisdiccional<\/mark><\/strong><\/td>Tribunal Constitucional del Per\u00fa<\/em><\/td><\/tr>
Sentencia<\/mark><\/strong><\/td>N.\u00ba 290\/2024<\/em><\/td><\/tr>
Expediente<\/mark><\/strong><\/td>N.\u00ba 02783-2021-AA\/TC<\/em><\/td><\/tr>
Parte Demandante (Sujeto Activo)<\/mark><\/strong><\/td>Comunidad Campesina de Maure<\/em><\/td><\/tr>
Parte Demandada (Sujeto Pasivo)<\/mark><\/strong><\/td>– Ministerio de Agricultura y Riego
– Autoridad Nacional del Agua
– Local del Agua Caplina Locumba
– Proyecto Especial Tacna<\/em><\/td><\/tr>
Lugar<\/mark><\/strong><\/td>Tacna<\/em><\/td><\/tr>
Fecha de la sentencia<\/mark><\/strong><\/td>23 de septiembre de 2024<\/em><\/td><\/tr>
Derechos  vulnerados<\/mark><\/strong><\/td>– Derecho a la consulta previa.
– Derecho al consentimiento previo, libre e informado.
– Derecho al territorio.
– Derecho a la propiedad comunal.
– Derecho a la autonom\u00eda.
– Derecho a la autodeterminaci\u00f3n.
– Derecho al uso de las aguas.
– Derecho al aprovechamiento de los recursos naturales.
– Derecho al proyecto de vida colectivo.
– Derecho a un ambiente equilibrado.
– Derecho a una vida digna como pueblo ind\u00edgena<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n
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FUNDAMENTOS F\u00c1CTICOS<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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1<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
La Comunidad Campesina de Maure<\/strong> es un pueblo originario aimara<\/strong> con reconocimiento oficial desde 1940<\/strong>. Se ubica en el distrito y provincia de Tarata<\/strong>, departamento de Tacna<\/strong>, a una altitud superior a los 4,200 metros sobre el nivel del mar<\/strong>, donde enfrentan climas extremos. Sus integrantes dependen para su subsistencia de la ganader\u00eda de cam\u00e9lidos (alpacas y llamas), actividades que est\u00e1n ligadas enteramente al flujo h\u00eddrico que provee la cuenca del R\u00edo Maure<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
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2<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Desde el a\u00f1o 1980<\/strong>, la comunidad sostiene que el Estado ha dispuesto de sus recursos h\u00eddricos y territorios sin realizar consulta previa<\/strong> ni contar con autorizaci\u00f3n. Entre las obras previas mencionadas destacan los trasvases de la Laguna Casiri<\/strong> y la derivaci\u00f3n del T\u00fanel Trasandino Kovire<\/strong>, que desde 1996<\/strong> desv\u00eda cinco mil litros de agua por segundo del r\u00edo Ancochaque hacia Tacna. Seg\u00fan la demandante, estas acciones ya han provocado la reducci\u00f3n del agua aprovechable<\/strong>, la devastaci\u00f3n de bofedales y la p\u00e9rdida de biodiversidad end\u00e9mica, como vicu\u00f1as y suris.<\/p>\n\n\n\n
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3<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
El n\u00facleo del conflicto actual se vincula a la ejecuci\u00f3n del proyecto \u201cVilavilani II Fase I\u201d<\/strong>, destinado a mejorar la provisi\u00f3n de agua en el valle de Tacna, en cuyo marco se emitieron dos resoluciones en 2018<\/strong>. La Resoluci\u00f3n Directoral 861-2018-ANA-AAA.CO<\/strong> estableci\u00f3 una servidumbre de agua forzosa<\/strong> a plazo indeterminado sobre el territorio comunal para el paso del canal Vilachaullani. Asimismo, la Resoluci\u00f3n Directoral 1766-2018-ANA-AAA.CO<\/strong> otorg\u00f3 autorizaci\u00f3n para el uso de agua superficial<\/strong> por dos a\u00f1os para ejecutar obras en dicho canal.<\/p>\n\n\n\n
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4<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
La comunidad interpuso la demanda de amparo en enero de 2020<\/strong>, alegando que estas resoluciones amenazan su existencia y se emitieron sin cumplir con el derecho a la consulta previa<\/strong>. Denunciaron que el proyecto se sustenta en estudios de impacto ambiental de los a\u00f1os 2009<\/strong> y 2014<\/strong>, los cuales no consideran la situaci\u00f3n actual de escasez h\u00eddrica ni los problemas generados por trasvases anteriores. Adem\u00e1s, se\u00f1alaron que estas medidas perturban sus estructuras sociales y espirituales al impactar sus fuentes de sustento y su relaci\u00f3n con el territorio.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n
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5<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Durante el proceso ante el Tribunal Constitucional<\/strong>, se constat\u00f3 que el proyecto Vilavilani II se encuentra actualmente en etapa de liquidaci\u00f3n y cierre definitivo<\/strong>, tras acuerdos del Consejo Regional de Tacna en 2023<\/strong> e informes de control en 2024<\/strong>. Ante este escenario, la mayor\u00eda del colegiado determin\u00f3 que se produjo la sustracci\u00f3n de la materia<\/strong> por irreparabilidad respecto a la autorizaci\u00f3n de uso de agua. Respecto a la servidumbre, se declar\u00f3 la improcedencia al considerar que la comunidad no present\u00f3 pruebas suficientes que acreditaran una afectaci\u00f3n grave<\/strong> que obligara a realizar la consulta previa en este caso espec\u00edfico.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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FUNDAMENTOS JUR\u00cdDICOS<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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1<\/h2>\n\n\n\n
Rango y obligatoriedad de tratados<\/strong><\/em><\/h3>\n\n\n\n
El Convenio 169 de la OIT<\/strong> es fuente de derecho interno y de aplicaci\u00f3n obligatoria para todas las entidades estatales. Su fuerza vinculante se sustenta en el art\u00edculo 55 de la Constituci\u00f3n<\/strong>, que incorpora los tratados al derecho nacional, y en la Cuarta Disposici\u00f3n Transitoria y Final<\/strong>, que los establece como par\u00e1metro para interpretar derechos constitucionales.<\/p>\n\n\n\n
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2<\/h2>\n\n\n\n
Contenido del derecho a la consulta<\/strong><\/em><\/h3>\n\n\n\n
Seg\u00fan la jurisprudencia del Tribunal (Caso Gonzalo Tuanama, Exp. 00022-2009-PI\/TC<\/strong>), este derecho garantiza el acceso a la consulta, el respeto de sus caracter\u00edsticas esenciales y el cumplimiento de acuerdos. No incluye un derecho de veto sobre las medidas estatales.<\/p>\n\n\n\n
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3<\/h2>\n\n\n\n
Afectaci\u00f3n directa como requisito<\/strong><\/em><\/h3>\n\n\n\n
La consulta es obligatoria solo cuando existe evidencia razonable de \u00abcambios relevantes y directos\u00bb en la situaci\u00f3n jur\u00eddica, territorio o modo de vida del pueblo ind\u00edgena. Este criterio se fundamenta en el art\u00edculo 2 de la Ley 29785<\/strong> (Ley de Consulta Previa).<\/p>\n\n\n\n
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4<\/h2>\n\n\n\n
R\u00e9gimen legal de servidumbre de agua<\/strong><\/em><\/h3>\n\n\n\n
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) tiene la potestad legal de imponer grav\u00e1menes sobre predios para el uso del agua. Esto se regula en la Ley 29338 (Ley de Recursos H\u00eddricos)<\/strong>, espec\u00edficamente en sus art\u00edculos 65<\/strong> (definici\u00f3n), 66<\/strong> (compensaci\u00f3n e indemnizaci\u00f3n) y 67<\/strong> (derechos del titular).<\/p>\n\n\n\n
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5<\/h2>\n\n\n\n
Sustracci\u00f3n de la materia por irreparabilidad<\/strong><\/em><\/h3>\n\n\n\n
Cuando una presunta agresi\u00f3n cesa o se vuelve irreparable (como el cierre del proyecto Vilavilani II), el juez debe declarar la improcedencia de la demanda. Este fundamento procesal se basa en el primer p\u00e1rrafo del art\u00edculo 1 del Nuevo C\u00f3digo Procesal Constitucional<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
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6<\/h2>\n\n\n\n
Interpretaci\u00f3n pro homine y bloque de constitucionalidad<\/strong><\/em><\/h3>\n\n\n\n
Los alcances de los derechos protegidos deben interpretarse bajo la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos y tratados ratificados por el Per\u00fa. Esta obligaci\u00f3n emana del art\u00edculo VIII del T\u00edtulo Preliminar del Nuevo C\u00f3digo Procesal Constitucional<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
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7<\/h2>\n\n\n\n
Protecci\u00f3n de la identidad cultural<\/strong><\/em><\/h3>\n\n\n\n
El Estado debe garantizar que las minor\u00edas \u00e9tnicas tengan su propia vida cultural y utilicen su idioma. Este deber se fundamenta en el art\u00edculo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
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8<\/h2>\n\n\n\n
Derecho al agua como recurso esencial<\/strong><\/em><\/h3>\n\n\n\n
El acceso al agua es un derecho fundamental y un recurso natural esencial para la poblaci\u00f3n. Su reconocimiento constitucional se encuentra en el art\u00edculo 7-A de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
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DECISI\u00d3N DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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La decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional en la Sentencia 290\/2024<\/strong> (Expediente N.\u00ba 02783-2021-AA\/TC) fue declarar IMPROCEDENTE<\/strong> la demanda interpuesta por la Comunidad Campesina de Maure. Por las siguientes razones:<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
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Sustracci\u00f3n de la materia (Respecto al uso de agua)<\/strong> <\/a><\/strong><\/h3>\n\n\n\n
El Tribunal determin\u00f3 que no correspond\u00eda pronunciarse sobre la nulidad de la resoluci\u00f3n que autorizaba el uso de agua superficial (RD 1766-2018-ANA-AAA.CO<\/strong>) debido a que:<\/p>\n\n\n\n