El test de reconocimiento de la jurisdicci\u00f3n especial comunal-ronderil, seg\u00fan la Corte Suprema.<\/p>\n\n\n\n
Por: Sherley Yendira Ramos Vilcapaza<\/p>\n\n\n\n
Expediente<\/strong><\/td>| Casaci\u00f3n N.\u00b0 515-2017-Piura<\/td><\/tr> | Sala<\/strong><\/td> | Corte Suprema de Justicia de la Rep\u00fablica, Segunda Sala Penal Transitoria<\/td><\/tr> | Fecha<\/strong><\/td> | 26 de octubre de 2017<\/td><\/tr> | Recurrentes<\/strong><\/td> | Nery Ib\u00e1\u00f1ez \u00c1lvarez y otros cuatro<\/td><\/tr> | Procesados<\/strong><\/td> | Rodolfo Chinchay Padilla y Bartolom\u00e9 Chinchay Astol<\/td><\/tr> | Materia<\/strong><\/td> | Delitos contra el patrimonio: usurpaci\u00f3n agravada y da\u00f1os<\/td><\/tr> | Instancia de Origen<\/strong><\/td> | Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura <\/td><\/tr> | V\u00eda procesal<\/strong><\/td> | Recurso de casaci\u00f3n excepcional (art. 427\u00b0.4 del C\u00f3digo Procesal Penal)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n | \n\n\n\n 2. Antecedentes del caso <\/strong><\/p>\n\n\n\n 2.1 An\u00e1lisis f\u00e1ctico <\/strong><\/p>\n\n\n\n El conflicto se origina por la posesi\u00f3n de tres predios rurales \u00abEl Chorro\u00bb, \u00abLancha de Bat\u00e1n\u00bb y \u00abChirimoyo\u00bb, ubicados en el distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, departamento de Piura. Estos predios eran pose\u00eddos por los cinco agraviados, quienes no ostentaban la condici\u00f3n de comuneros.<\/p>\n\n\n\n Rodolfo Chinchay Padilla, miembro de la directiva de la Comunidad Campesina \u00abSegunda Rosas de Huarmaca\u00bb, junto con otras personas, despoj\u00f3 a los agraviados de la posesi\u00f3n de dichos terrenos, destruyendo los cercos y \u00e1rboles que los proteg\u00edan. Esta acci\u00f3n se sustent\u00f3 en el acuerdo adoptado por la asamblea general de comuneros del 24 de noviembre de 2014, mediante el cual la comunidad decidi\u00f3 \u00abrevertir\u00bb a su dominio los terrenos que se encontraban ocupados por terceros no comuneros, invocando su derecho consuetudinario y la autonom\u00eda que reconoce la Ley General de Comunidades Campesinas.<\/p>\n\n\n\n 2.2 Fundamentaci\u00f3n Jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n\n\n\n El Colegiado Supremo invoca el art\u00edculo 8 del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos ind\u00edgenas y tribales en pa\u00edses independientes, reconoce la jurisdicci\u00f3n comunal.y el art\u00edculo 149 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Per\u00fa, reconociendo la autonom\u00eda y la potestad de las Comunidades Campesinas y Nativas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su \u00e1mbito territorial con base en su derecho consuetudinario.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, se establece que si bien los derechos fundamentales constituyen el l\u00edmite de la jurisdicci\u00f3n especial comunal, la STC N.\u00b0 02765-2014-PA\/TC precisa que esto no implica imponer garant\u00edas procesales r\u00edgidas. La justicia comunal cuenta con un margen de apreciaci\u00f3n flexible, pero debe asegurar un debido proceso que garantice, como m\u00ednimo: el conocimiento certero de los hechos imputados, la previsibilidad de las faltas y sanciones (ya sea en estatutos o debidamente fundamentadas en la costumbre), y el tiempo y la oportunidad necesarios para que el acusado prepare una defensa.<\/p>\n\n\n\n 2.3 Aspectos Procesales <\/strong><\/p>\n\n\n\n 2.4 Aspectos Jurisprudenciales<\/strong><\/p>\n\n\n\n Acuerdo Plenario N\u00b0 01-2009\/CJ-116 (f. j. 9 y 10) Salas Penales de la Corte Suprema<\/strong><\/p>\n\n\n\n Fija la doctrina jurisprudencial vigente sobre el \u00abAlcance de la jurisdicci\u00f3n especial comunal rondera\u00bb: para que resulte aplicable el art. 149\u00b0 de la Constituci\u00f3n deben concurrir copulativamente cuatro elementos: humano (Existencia de un grupo STC N\u00b0 02765-2014-PA\/TC, (f. j. 55 y 76) Tribunal Constitucional: <\/strong><\/p>\n\n\n\n Reafirma que, \u201c(\u2026) La jurisdicci\u00f3n comunal, y la autonom\u00eda de la que se encuentra dotada, es un bien jur\u00eddico de relevancia constitucional. No debe, sin embargo, ser entendida como un bien absoluto e irrestricto, pues, como es conocido, la Constituci\u00f3n articula sus diversos contenidos de una manera arm\u00f3nica, y es en dicho esquema que aquella debe ser asumida . Precisa adem\u00e1s garant\u00edas m\u00ednimas del debido proceso comunal (conocimiento cierto de los hechos imputados, tipificaci\u00f3n razonable de faltas y sanciones, y oportunidad de defensa).<\/p>\n\n\n\n Referencia comparada a la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-552\/03)<\/strong><\/p>\n\n\n\n La Corte Suprema invoca, en di\u00e1logo comparado, la Sentencia T-552\/03 de la Corte Constitucional de Colombia (matriz de los cuatro elementos), as\u00ed como el voto razonado conjunto de los jueces Can\u00e7ado Trindade, Pacheco G\u00f3mez y Abreu Burelli en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para sostener que la invocaci\u00f3n de la identidad cultural no puede exceptuar a nadie de los est\u00e1ndares universales de protecci\u00f3n de los derechos humanos<\/p>\n\n\n\n 3. Decisi\u00f3n y argumentos jur\u00eddicos:<\/strong><\/p>\n\n\n\n La Corte Suprema declara fundada la casaci\u00f3n y anula la resoluci\u00f3n de la Sala Superior, ordenando el reenv\u00edo del proceso <\/strong>Chinchay Padilla no estaba siendo juzgado por ejercer funci\u00f3n jurisdiccional comunal, sino por un delito com\u00fan de usurpaci\u00f3n y da\u00f1os; y, en todo caso, la Sala Superior no acredit\u00f3 con medio probatorio alguno la concurrencia de los elementos humano, org\u00e1nico, normativo y geogr\u00e1fico exigidos por el Acuerdo Plenario 01-2009\/CJ-116.<\/p>\n\n\n\n Casaci\u00f3n N.\u00b0 515-2017-Piura, Corte Suprema de Justicia del Per\u00fa, fundamento jur\u00eddico d\u00e9cimo quinto: La Corte precisa, a modo de aclaraci\u00f3n de alcance, que \u00abla tendencia no es abolir o dejar de reconocer la jurisdicci\u00f3n comunal, o justificar alguna intromisi\u00f3n en sus usos y costumbres\u00bb (fundamento d\u00e9cimo cuarto), sino \u00fanicamente velar por el respeto de los derechos fundamentales. En ese sentido, el Supremo Tribunal fija como doctrina jurisprudencial, que para la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 149\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado, a efectos de reconocer la funci\u00f3n jurisdiccional de las comunidades campesinas y nativas, se deben contemplar, previamente, los par\u00e1metros se\u00f1alados en el Acuerdo Plenario n\u00famero 01 \u2013 2009\/CJ \u2013 116, de fecha trece de noviembre de dos mil nueve.<\/p>\n\n\n\n ENFOQUE INTERCULTURAL<\/strong><\/p>\n\n\n\n La Corte Suprema no desconoce la jurisdicci\u00f3n especial de las comunidades campesinas y nativas, reconocida en el art\u00edculo 149 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Per\u00fa y en el Convenio N.\u00ba 169 de la OIT. Por el contrario, precisa que su reconocimiento exige verificar previamente la existencia de una autoridad comunal competente (elemento org\u00e1nico) y de un sistema normativo propio aplicable al caso (elemento normativo). Solo a partir de esa constataci\u00f3n puede determinarse si corresponde atribuir competencia a la jurisdicci\u00f3n comunal. En ese sentido, el reconocimiento del pluralismo jur\u00eddico y de la identidad cultural debe armonizarse con la garant\u00eda del debido proceso y la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de todas las personas involucradas.<\/p>\n\n\n\n |