{"id":2211,"date":"2026-07-19T22:51:09","date_gmt":"2026-07-20T03:51:09","guid":{"rendered":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/?p=2211"},"modified":"2026-07-19T23:45:35","modified_gmt":"2026-07-20T04:45:35","slug":"entre-la-autonomia-comunal-y-la-tutela-constitucional-los-alcances-y-limites-del-ejercicio-de-la-jurisdiccion-especial-en-la-proteccion-de-los-derechos-fundamentales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/entre-la-autonomia-comunal-y-la-tutela-constitucional-los-alcances-y-limites-del-ejercicio-de-la-jurisdiccion-especial-en-la-proteccion-de-los-derechos-fundamentales\/","title":{"rendered":"Entre la Autonom\u00eda Comunal y la Tutela Constitucional: Los Alcances y L\u00edmites del Ejercicio de la Jurisdicci\u00f3n Especial."},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

1. Ficha T\u00e9cnica<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Resoluci\u00f3n<\/strong><\/td>Sentencia reca\u00edda en el Expediente N.\u00b0 02765-2014-PA\/TC<\/strong><\/td><\/tr>
Tipo de resoluci\u00f3n<\/td>Sentencia del Tribunal Constitucional<\/td><\/tr>
\u00d3rgano jurisdiccional<\/td>Pleno del Tribunal Constitucional del Per\u00fa<\/td><\/tr>
Procedencia<\/td>Amazonas<\/td><\/tr>
\u00d3rgano jurisdiccional de primera instancia<\/td>Juzgado Mixto de Utcubamba de la Corte Superior de Justicia de Amazonas<\/td><\/tr>
\u00d3rgano jurisdiccional de segunda instancia<\/td>Sala Mixta y Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Amazonas<\/td><\/tr>
Demandantes<\/td>Carmen Zelada Requelme y otros.<\/td><\/tr>
Demandados<\/td>Presidente de la Junta Directiva de la Comunidad y otros.<\/td><\/tr>
Materia <\/td>Proceso constitucional de amparo<\/td><\/tr>
Base legal<\/td>Art\u00edculos 89 y 149 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Per\u00fa; Ley N.\u00b0 24656, Ley General de Comunidades Campesinas<\/td><\/tr>
Tema central<\/td>Los alcances y l\u00edmites de la jurisdicci\u00f3n especial de las comunidades campesinas.<\/td><\/tr>
Cuesti\u00f3n jur\u00eddanalizada<\/td>Determinar si las decisiones adoptadas por la Comunidad Campesina de Montevideo constituyeron un ejercicio leg\u00edtimo de la jurisdicci\u00f3n especial<\/td><\/tr>
<\/td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

2. Resumen del caso<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El caso surge cuando un grupo de comuneros interpuso una demanda de amparo contra la Comunidad Campesina de Montevideo al considerar que se vulneraron varios de sus derechos fundamentales. La controversia se origin\u00f3 cuando la Asamblea General decidi\u00f3 expulsarlos de la comunidad, retirarles su calidad de comuneros y disponer que las tierras que ocupaban regresaran al patrimonio comunal.<\/p>\n\n\n\n

Los demandantes sostuvieron que estas medidas no ten\u00edan respaldo en la Ley gGeneral de Comunidades Campesinas ni en el estatuto interno de la comunidad. Adem\u00e1s, afirmaron que las decisiones adoptadas afectaban derechos como la propiedad, el trabajo, la libertad de residencia y el debido proceso.<\/p>\n\n\n\n

Al resolver el caso, el Tribunal Constitucional analiz\u00f3 el alcance de la jurisdicci\u00f3n especial de las comunidades campesinas reconocida por el art\u00edculo 149 de la Constituci\u00f3n. Si bien reconoci\u00f3 que estas comunidades cuentan con autonom\u00eda para resolver sus conflictos internos conforme a sus costumbres, tambi\u00e9n precis\u00f3 que dicha autonom\u00eda tiene l\u00edmites y que, en ning\u00fan caso, puede justificar la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n

3. Problema <\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El principal problema que deb\u00eda resolver fue determinar si la Comunidad campesina de Montevideo actu\u00f3 dentro de las facultades que le reconoce la Constituci\u00f3n al expulsar a los demandantes y privarlos de sus derechos como comuneros.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, el Tribunal deb\u00eda establecer si una comunidad campesina puede imponer sanciones que no se encuentran previstas expresamente en la ley, hasta d\u00f3nde alcanza la autonom\u00eda de la jurisdicci\u00f3n comunal.<\/p>\n\n\n\n

4. Hechos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Los hechos se remontan al 21 de mayo de 2011, fecha en la que la Comunidad Campesina de Montevideo realiz\u00f3 una Asamblea General para tratar diversos asuntos internos. Uno de los puntos de agenda era adoptar una decisi\u00f3n respecto de algunos integrantes de la familia Zelada, quienes hab\u00edan sido cuestionados por presuntos actos de abigeato y por la supuesta posesi\u00f3n de armas de fuego dentro del territorio comunal.<\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s del debate, la Asamblea acord\u00f3 expulsar definitivamente a los demandantes de la comunidad, retirarles su condici\u00f3n de comuneros, recuperar las parcelas que ocupaban y ordenar el retiro de sus animales del territorio comunal.<\/p>\n\n\n\n

Frente a ello, los afectados consideraron que dichas medidas resultaban arbitrarias porque afectaban directamente su patrimonio, su forma de vida y el derecho a permanecer en el lugar donde resid\u00edan junto con sus familias.<\/p>\n\n\n\n

Los demandantes se\u00f1alaron que la comunidad hab\u00eda actuado excediendo las facultades que le reconoce la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En primer lugar, sostuvieron que la sanci\u00f3n de expulsi\u00f3n definitiva no estaba prevista ni en la Ley General de Comunidades Campesinas ni en el estatuto comunal vigente.<\/p>\n\n\n\n

En segundo lugar, afirmaron que la decisi\u00f3n vulner\u00f3 varios derechos fundamentales, entre ellos el derecho de propiedad, el trabajo, la libertad de residencia, la tranquilidad, la educaci\u00f3n de sus hijos y la integridad personal.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, indicaron que durante el procedimiento comunal no se respetaron las garant\u00edas propias del debido proceso, pues las decisiones fueron adoptadas sin brindarles una verdadera oportunidad para ejercer su defensa.<\/p>\n\n\n\n

5. Fundamentos del Tribunal Constitucional<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

5.1 La jurisdicci\u00f3n comunal como reconocimiento constitucional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Tribunal comienza se\u00f1alando que la Constituci\u00f3n peruana reconoce la diversidad cultural existente en el pa\u00eds y, como consecuencia de ello, admite la existencia de sistemas de justicia distintos al ordinario. En ese contexto, el art\u00edculo 149 reconoce que las comunidades campesinas y nativas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su \u00e1mbito territorial, aplicando sus propias costumbres y normas comunales.<\/p>\n\n\n\n

El Tribunal se\u00f1ala que este reconocimiento fortalece la autonom\u00eda de las comunidades y constituye una manifestaci\u00f3n del respeto por su identidad cultural.<\/p>\n\n\n\n

5.2 La autonom\u00eda de las comunidades campesinas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La sentencia tambi\u00e9n recuerda que las comunidades campesinas gozan de autonom\u00eda para organizarse, administrar sus bienes y resolver sus conflictos internos.Esta autonom\u00eda comprende aspectos organizativos, administrativos y jurisdiccionales, lo que les permite aplicar su derecho consuetudinario para solucionar los problemas que surgen dentro de la comunidad.<\/p>\n\n\n\n

No obstante, dicha autonom\u00eda no debe entenderse como un poder absoluto o ilimitado.<\/p>\n\n\n\n

5.3 Los l\u00edmites de la jurisdicci\u00f3n comunal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Tribunal deja claro que la jurisdicci\u00f3n comunal tiene l\u00edmites constitucionales.<\/p>\n\n\n\n

Las comunidades pueden impartir justicia conforme a sus costumbres, todas sus actuaciones deben respetar la dignidad de la persona y los derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Entre esos l\u00edmites est\u00e1n el respeto al debido proceso, la libertad personal, la integridad f\u00edsica y el principio de proporcionalidad.<\/p>\n\n\n\n

En consecuencia, ninguna decisi\u00f3n comunal puede justificarse \u00fanicamente en las costumbres si termina afectando gravemente derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n

5.4 Requisitos para ejercer v\u00e1lidamente la jurisdicci\u00f3n comunal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para que una comunidad ejerza v\u00e1lidamente su jurisdicci\u00f3n deben existir ciertos elementos m\u00ednimos.<\/p>\n\n\n\n

Debe tratarse de autoridades comunales leg\u00edtimamente reconocidas, el conflicto debe producirse dentro de su \u00e1mbito territorial, la decisi\u00f3n debe sustentarse en el derecho consuetudinario de la comunidad y el procedimiento debe respetar las garant\u00edas b\u00e1sicas de las personas involucradas.<\/p>\n\n\n\n

Solo cuando estos requisitos se cumplen puede hablarse de un ejercicio leg\u00edtimo de la jurisdicci\u00f3n especial.<\/p>\n\n\n\n

5.5 El control constitucional de las decisiones comunales<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Las decisiones adoptadas por las comunidades campesinas s\u00ed pueden ser revisadas por la justicia constitucional.<\/p>\n\n\n\n

Esta revisi\u00f3n no busca reemplazar las costumbres comunales por el derecho estatal, sino verificar que las decisiones adoptadas respeten la Constituci\u00f3n y los derechos fundamentales de las personas.<\/p>\n\n\n\n

Por ello, el control constitucional constituye un mecanismo de equilibrio entre la autonom\u00eda comunal y la protecci\u00f3n de los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

<\/strong><\/p>\n\n\n\n

6. An\u00e1lisis <\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Desde mi punto de vista, esta sentencia representa uno de los pronunciamientos m\u00e1s importantes del Tribunal Constitucional sobre la jurisdicci\u00f3n especial de las comunidades campesinas.<\/p>\n\n\n\n

Reconoce la importancia de respetar la autonom\u00eda de las comunidades y su derecho a resolver sus conflictos conforme a sus costumbres. Sin embargo, tambi\u00e9n deja claro que esa autonom\u00eda encuentra un l\u00edmite cuando las decisiones afectan derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n

Considero acertado el criterio del Tribunal, ya que permite mantener un equilibrio entre el reconocimiento de la justicia comunal y el deber del Estado de proteger la dignidad y los derechos de todas las personas. De esta manera, se evita que la autonom\u00eda comunal sea utilizada para justificar actuaciones arbitrarias o desproporcionadas.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, esta sentencia fortalece el enfoque intercultural del derecho peruano, pues demuestra que es posible armonizar el respeto por las costumbres de las comunidades con la vigencia de la Constituci\u00f3n y de los derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n

7. Decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El Tribunal Constitucional concluy\u00f3 que la jurisdicci\u00f3n especial reconocida por el art\u00edculo 149 de la Constituci\u00f3n constituye una expresi\u00f3n leg\u00edtima de la autonom\u00eda de las comunidades campesinas. Sin embargo, precis\u00f3 que su ejercicio siempre debe respetar los derechos fundamentales de las personas.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, estableci\u00f3 criterios claros para interpretar los alcances de la jurisdicci\u00f3n comunal y reafirm\u00f3 que las decisiones adoptadas por las comunidades pueden ser sometidas al control constitucional cuando exista una posible vulneraci\u00f3n de derechos.<\/p>\n\n\n\n

8. Importancia de la sentencia<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Esta sentencia tiene una gran importancia porque desarrolla de manera detallada el contenido del art\u00edculo 149 de la Constituci\u00f3n y explica c\u00f3mo debe entenderse la jurisdicci\u00f3n especial de las comunidades campesinas dentro del Estado constitucional.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, fija criterios que servir\u00e1n como referencia para resolver futuros conflictos relacionados con la justicia comunal, dejando establecido que la autonom\u00eda de las comunidades debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, constituye un precedente relevante para la protecci\u00f3n tanto de la identidad cultural de las comunidades como de los derechos constitucionales de las personas, logrando un equilibrio entre ambos intereses.<\/p>\n\n\n\n

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