{"id":2369,"date":"2026-07-20T12:08:43","date_gmt":"2026-07-20T17:08:43","guid":{"rendered":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/?p=2369"},"modified":"2026-07-20T12:08:43","modified_gmt":"2026-07-20T17:08:43","slug":"cual-es-el-alcance-de-la-jurisdiccion-reconocida-a-las-comunidades-campesinas-y-nativas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/cual-es-el-alcance-de-la-jurisdiccion-reconocida-a-las-comunidades-campesinas-y-nativas\/","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1l es el alcance de la jurisdicci\u00f3n reconocida a las comunidades campesinas y nativas?"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

DEL PROCESO PENAL AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: CONTEXTO DEL CASO <\/strong><\/p>\n\n\n\n

El caso llega al Tribunal Constitucional a trav\u00e9s de un recurso de agravio presentado por Pablo Flores Mamani, quien buscaba la nulidad de su condena de diez a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de lesiones graves seguidas de muerte de un menor de 13 a\u00f1os. En sus antecedentes, resalta que Flores Mamani, en su condici\u00f3n de presidente de las Rondas Campesinas de la comunidad de Umana, fue inicialmente procesado por secuestro agravado, enfrentando una posible cadena perpetua. Sin embargo, tras un proceso de apelaci\u00f3n que orden\u00f3 un nuevo juicio con criterios de identidad \u00e9tnica, la justicia ordinaria se desvincul\u00f3 de la acusaci\u00f3n de secuestro y lo conden\u00f3 por lesiones graves, imponi\u00e9ndole una pena significativamente menor. El recurrente aleg\u00f3 que esta sentencia a\u00fan vulneraba su derecho a la identidad \u00e9tnica y que sus actos, descritos como de \u00abpurificaci\u00f3n\u00bb, debieron ser evaluados exclusivamente bajo la jurisdicci\u00f3n comunal del art\u00edculo 149 de la Constituci\u00f3n, argumentando adem\u00e1s que no existi\u00f3 dolo, sino una intenci\u00f3n correctiva basada en costumbres ancestrales.
Dentro de las resoluciones de primera y segunda instancia que precedieron al TC, se destaca un razonamiento clave para entender el beneficio obtenido por el imputado: los jueces ordinarios aplicaron la figura del \u00aberror de comprensi\u00f3n culturalmente condicionado\u00bb. Se consider\u00f3 que, al ser comuneros de una zona alejada sin presencia de polic\u00eda o fiscal\u00eda, su capacidad para entender la ilicitud de sus actos estaba disminuida al aplicar usos y costumbres locales. Gracias a ello, y a la reclasificaci\u00f3n del delito, la pena se redujo dr\u00e1sticamente de la cadena perpetua inicial a solo diez a\u00f1os de c\u00e1rcel, un beneficio que el propio Tribunal Constitucional calificar\u00eda luego como una actuaci\u00f3n \u00abbastante ponderada\u00bb y favorable para el actor.<\/p>\n\n\n\n

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FUNDAMENTOS Y EL L\u00cdMITE DE LA JURISDICCI\u00d3N COMUNAL<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En sus fundamentos, el Tribunal Constitucional delimita el petitorio se\u00f1alando que debe determinar si el recurrente, como rondero, est\u00e1 facultado para ejercer la jurisdicci\u00f3n comunal y cu\u00e1les son sus l\u00edmites. El TC reconoce que el art\u00edculo 149 es un avance hacia el multiculturalismo<\/strong> y el pluralismo cultural, dotando a las comunidades de autonom\u00eda para autodesenvolverse seg\u00fan sus propias reglas. Sin embargo, el razonamiento central del Tribunal establece que esta autonom\u00eda no es autarqu\u00eda<\/strong> ni permite la atomizaci\u00f3n del Estado; por el contrario, debe regirse por los principios de unidad de la Constituci\u00f3n y concordancia pr\u00e1ctica. El Tribunal enfatiza que el respeto a los derechos fundamentales y la dignidad humana<\/strong> constituye el l\u00edmite objetivo de la facultad jurisdiccional comunal. Bajo esta premisa, el TC aclara que cualquier pr\u00e1ctica que colisione con la vida e integridad de las personas representa una \u00abnotoria y perniciosa desnaturalizaci\u00f3n\u00bb de la justicia especial. Asimismo, resalta que existe una obligaci\u00f3n prioritaria del Estado y la comunidad de proteger a la ni\u00f1ez, bas\u00e1ndose en el art\u00edculo 4 de la Constituci\u00f3n y el principio del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

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Fundamento n\u00famero 11 de la Sentencia <\/p>\n\u00abLa observancia de los derechos fundamentales o, lo que es lo mismo,
la obligaci\u00f3n de que estos no sean vulnerados, no es pues dentro de
este contexto una proclama que no pueda resultar materializable, sino
una m\u00e1xima que adem\u00e1s de imprescindible reclama garant\u00edas de
observancia obligatoria. Consecuentemente, a despecho de quienes
no vean una lectura a favor de los derechos cuando de la jurisdicci\u00f3n
comunal se trata, conviene que este Tribunal deje claramente
establecido que en cada ocasi\u00f3n en que el ejercicio de esta \u00faltima,
colisione de manera frontal y evidente con estos \u00faltimos, de ninguna
manera estaremos hablando de una facultad regularmente
desarrollada, sino de una notoria y perniciosa desnaturalizaci\u00f3n de la
misma\u00bb (p.56). <\/em><\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

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EL ROL DE LAS RONDAS Y LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Respecto al estatus de las Rondas Campesinas, <\/strong>el Tribunal resuelve las contradicciones jurisprudenciales previas determinando que la Constituci\u00f3n distingue claramente entre las \u00abautoridades\u00bb de las comunidades y las rondas, otorgando a estas \u00faltimas un rol estrictamente colaborativo y de apoyo<\/strong>. El TC fundamenta que, si el legislador hubiera querido otorgarles funciones jurisdiccionales directas, no habr\u00eda utilizado t\u00e9rminos como \u00abapoyar\u00bb o \u00abcontribuir\u00bb en la Ley 27908. En cuanto a la potestad punitiva, el Tribunal precisa que el Estado no renuncia radicalmente a su poder sancionador; la justicia ordinaria cede ante la comunal solo en supuestos que no comprometan derechos humanos. En el aspecto material, el TC es tajante al declarar que quedan excluidos de la justicia comunal todos los delitos que afecten la vida, salud e integridad f\u00edsica y moral, especialmente cuando las v\u00edctimas son menores de edad, mujeres embarazadas o ancianos.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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DILUCIDACI\u00d3N DE LA CONTROVERSIA Y PARTICIPACI\u00d3N DEL AMICUS CURIAE<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Al analizar el caso concreto, el Tribunal determina que el recurrente no estaba legitimado para ejercer jurisdicci\u00f3n comunal por ser rondero y no una autoridad administrativa de la comunidad. Sobre la participaci\u00f3n del amicus curiae<\/em>, el TC observa que el antrop\u00f3logo \u00d3scar Paredes Pando present\u00f3 conclusiones para justificar la conducta de los imputados bajo el concepto de pr\u00e1cticas de correcci\u00f3n cultural. El Tribunal responde a este aporte se\u00f1alando que, si bien se entiende el contexto cultural, este no puede servir para amparar actos de tortura. El razonamiento del TC detalla que privar de libertad a un menor, aislarlo de su madre, someterlo a interrogatorios nocturnos y sumergirlo en agua helada hasta causarle la muerte por fallo org\u00e1nico y policontusi\u00f3n es un atentado abierto contra la proscripci\u00f3n de tratos inhumanos y el derecho a la vida. El TC concluye que ninguna costumbre o tradici\u00f3n malentendida justifica tales excesos, y que la justicia ordinaria actu\u00f3 correctamente al sancionar estos hechos que rebasaron los l\u00edmites del art\u00edculo 149.<\/p>\n\n\n\n

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OBLIGACIONES DEL ESTADO Y FALLO FINAL<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Finalmente, el Tribunal aborda la responsabilidad del Estado en esta tragedia, criticando la omisi\u00f3n legislativa de m\u00e1s de 30 a\u00f1os<\/strong> en la aprobaci\u00f3n de una ley de coordinaci\u00f3n intercultural. El TC presenta un recuento de m\u00faltiples proyectos de ley fallidos desde 1995 y se\u00f1ala que esta falta de regulaci\u00f3n genera desorden funcional y riesgos de excesos en el \u00e1mbito rondero. Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional declara INFUNDADA<\/strong> la demanda de habeas corpus<\/em> y EXHORTA al Congreso de la Rep\u00fablica<\/strong> a elaborar y discutir con urgencia una propuesta legislativa que desarrolle el art\u00edculo 149 de la Constituci\u00f3n, garantizando la participaci\u00f3n de los sectores comunales en dicho proceso para asegurar que el pluralismo jur\u00eddico sea compatible con los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

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La siguiente secuencia sintetiza el razonamiento que condujo al Tribunal Constitucional a declarar infundada la demanda, delimitando el alcance del art\u00edculo 149 de la Constituci\u00f3n y los l\u00edmites de la jurisdicci\u00f3n comunal.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Criterios de los magistrados<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Aunque la decisi\u00f3n final fue declarar infundada la demanda de habeas corpus<\/strong>, no todos los magistrados compartieron \u00edntegramente la fundamentaci\u00f3n desarrollada en la ponencia. Cinco magistrados formularon fundamentos de voto<\/strong>, mediante los cuales respaldaron el fallo, pero precisaron o discreparon de algunos argumentos; mientras que un magistrado emiti\u00f3 voto singular<\/strong>, al considerar que el razonamiento mayoritario deb\u00eda conducir a una soluci\u00f3n distinta. Estas posiciones evidencian que el consenso existi\u00f3 respecto del resultado del proceso, mas no sobre todos los criterios interpretativos relacionados con la jurisdicci\u00f3n comunal y el alcance del art\u00edculo 149 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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Magistrado<\/strong><\/td>Tipo de voto<\/strong><\/td>S\u00edntesis de su posici\u00f3n<\/strong><\/td><\/tr>
Morales Saravia<\/strong><\/td>Fundamento de voto<\/td>Coincide con el fallo (demanda infundada), pero considera innecesario el extenso desarrollo sobre los proyectos de ley y se\u00f1ala que bastaba reiterar la exhortaci\u00f3n al Congreso para aprobar la ley de coordinaci\u00f3n entre jurisdicciones.<\/td><\/tr>
Pacheco Zerga<\/strong><\/td>Fundamento de voto<\/td>Comparte plenamente el criterio de que la jurisdicci\u00f3n comunal debe armonizarse con los derechos fundamentales mediante una ponderaci\u00f3n constitucional. A\u00f1ade reflexiones sobre la necesidad de equilibrio entre autonom\u00eda comunal y protecci\u00f3n de otros bienes constitucionales.<\/td><\/tr>
Guti\u00e9rrez Ticse<\/strong><\/td>Fundamento de voto<\/td>Est\u00e1 de acuerdo con declarar infundada la demanda y con la exhortaci\u00f3n al Congreso. Destaca que el Estado debe fortalecer la cultura de derechos fundamentales y que la futura ley de coordinaci\u00f3n debe aprobarse con consulta y participaci\u00f3n de comunidades y rondas campesinas.<\/td><\/tr>
Dom\u00ednguez Haro<\/strong><\/td>Fundamento de voto<\/td>Comparte \u00edntegramente el fallo. Resalta que ninguna pr\u00e1ctica cultural puede justificar actos que vulneren la dignidad, la libertad, la integridad o la vida de un menor, por lo que la intervenci\u00f3n de la justicia ordinaria fue constitucionalmente correcta.<\/td><\/tr>
Monteagudo Valdez<\/strong><\/td>Fundamento de voto<\/td>Coincide con el resultado (demanda infundada), pero discrepa de la afirmaci\u00f3n de la mayor\u00eda seg\u00fan la cual las rondas campesinas no ejercen funciones jurisdiccionales. Considera que ese criterio se aparta de la realidad comunal, de precedentes del propio TC, del Acuerdo Plenario N.\u00ba 1-2009\/CJ-116 y de la posici\u00f3n de la Defensor\u00eda del Pueblo.<\/td><\/tr>
Ochoa Cardich<\/strong><\/td>Voto conforme<\/td>Suscribe la sentencia sin formular fundamento de voto adicional.<\/td><\/tr>
Hern\u00e1ndez Ch\u00e1vez<\/strong><\/td>Voto singular<\/td>Discrepa de la mayor\u00eda y emite voto singular. Aunque reconoce la gravedad de los hechos, desarrolla una interpretaci\u00f3n distinta sobre el alcance de la jurisdicci\u00f3n comunal y del art\u00edculo 149 de la Constituci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual no comparte la fundamentaci\u00f3n adoptada por el Pleno.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
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