{"id":2373,"date":"2026-07-20T13:00:58","date_gmt":"2026-07-20T18:00:58","guid":{"rendered":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/?p=2373"},"modified":"2026-07-20T18:49:18","modified_gmt":"2026-07-20T23:49:18","slug":"mas-alla-del-registro-cuando-la-identidad-indigena-vence-a-la-burocracia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/mas-alla-del-registro-cuando-la-identidad-indigena-vence-a-la-burocracia\/","title":{"rendered":"M\u00e1s all\u00e1 del registro: cuando la identidad ind\u00edgena vence a la burocracia"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-small-font-size\"><strong>Expediente N<\/strong>\u00b0 02196-2014-PA\/TC<br>Caso: Federaci\u00f3n Kichwa Huallaga El Dorado (FEKIHD) en representaci\u00f3n de la Comunidad Maray contra la Municipalidad Provincial de El Dorado<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong><mark style=\"background-color:#607bf6\" class=\"has-inline-color has-foreground-color\">1. Datos del Expediente<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Tribunal\/Instancia <\/td><td>Tribunal Constitucional del Per\u00fa<\/td><\/tr><tr><td>Fecha de emision<\/td><td>21 de agosto de 2019<\/td><\/tr><tr><td>Demandante<\/td><td>Federaci\u00f3n Kichwa Huallaga El Dorado (FEKIHD), actuando en representaci\u00f3n directa de la Comunidad Nativa Maray.<\/td><\/tr><tr><td>Demandado<\/td><td>Municipalidad Provincial de El Dorado (Regi\u00f3n San Mart\u00edn).<\/td><\/tr><tr><td>Pretensi\u00f3n Principal<\/td><td>Cese inmediato de los efectos de las autorizaciones otorgadas a terceros para la extracci\u00f3n de material de acarreo en el R\u00edo Sisa sin consulta previa, y que se ordene la implementaci\u00f3n obligatoria de dicho proceso antes de otorgar futuras concesiones o licencias que afecten su<br>territorio.<\/td><\/tr><tr><td>Derechos Invocados<\/td><td>Derecho a la Consulta Previa, Identidad \u00c9tnica y Cultural, Participaci\u00f3n Ciudadana y Debido Proceso Administrativo.<\/td><\/tr><tr><td>Sentido del Fallo<\/td><td>FUNDADA la demanda de amparo en todos sus extremos.<\/td><\/tr><tr><td>Composici\u00f3n del Voto<\/td><td>Voto de Mayor\u00eda: Miranda Canales, Ramos N\u00fa\u00f1ez, Ledesma Narv\u00e1ez yEspinosa-Salda\u00f1a Barrera (Ponente). Votos Singulares (Disidentes): Blume Fortini, Sard\u00f3n de Taboada y Ferrero Costa.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong><mark style=\"background-color:#536bf7\" class=\"has-inline-color\">2. HECHOS DE LA CONTROVERSIA<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><br>El escenario f\u00e1ctico del proceso se estructura a partir de los siguientes acontecimientos:<br><br>\u25cf <strong>La Actividad Extractiva Local:<\/strong> La Municipalidad Provincial de El Dorado, haciendo uso de las facultades de administraci\u00f3n de bienes de dominio p\u00fablico y recursos no met\u00e1licos que le confiere la Ley N.\u00b0 28221, procedi\u00f3 a otorgar autorizaciones, licencias y derechos de explotaci\u00f3n a diversas empresas y particulares para la remoci\u00f3n y extracci\u00f3n de material de acarreo (piedra, arena, agregados) en el cauce del R\u00edo Sisa.<br>\u25cf<strong> Superposici\u00f3n con Territorio Ancestral: <\/strong>Las zonas del R\u00edo Sisa autorizadas por la corporaci\u00f3n municipal para la actividad extractiva colindaban de forma directa y se superpon\u00eda con el espacio geogr\u00e1fico, h\u00e1bitat e intereses de supervivencia<br>socioecon\u00f3mica de la Comunidad Nativa Maray (pueblo originario Kichwa).<br>\u25cf Omisi\u00f3n del Di\u00e1logo Intercultural: El municipio otorg\u00f3 y renov\u00f3 de manera sistem\u00e1tica estas autorizaciones a terceros operadores econ\u00f3micos sin realizar ninguna convocatoria, asamblea informativa ni proceso de Consulta Previa, ignorando los reclamos de las autoridades de la comunidad.<br>\u25cf <strong>Defensa Administrativa de la Municipalidad:<\/strong> Ante las reclamaciones constitucionales, el gobierno local aleg\u00f3 que la Comunidad Nativa Maray no se encontraba formalmente inscrita en la Base de Datos Oficial de Pueblos Ind\u00edgenas (BDPI) administrada por el Ministerio de Cultura del Per\u00fa. Bajo esta justificaci\u00f3n formalista, el municipio aleg\u00f3 que no le constaba t\u00e9cnicamente la existencia de un pueblo con derechos colectivos exigibles en dicha jurisdicci\u00f3n. Suscripci\u00f3n de Convenios Civiles: La municipalidad aleg\u00f3 adem\u00e1s que exist\u00edan acuerdos de cooperaci\u00f3n o convenios previos con la Federaci\u00f3n (FEKIHD) sobre fiscalizaci\u00f3n comunal, argumentando que dichos pactos ya convalidaban cualquier exigencia de participaci\u00f3n y supl\u00edan la necesidad de un engorroso proceso de consulta regulado.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\">\n<li><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><mark style=\"background-color:#5576f1\" class=\"has-inline-color has-foreground-color\"><strong>3.<\/strong> <strong>AN\u00c1LISIS CONSTITUCIONAL<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><br>El Tribunal Constitucional estructur\u00f3 el an\u00e1lisis del caso dividiendo la materia en tres problemas jur\u00eddicos fundamentales:<br><strong>A. El valor de los registros estatales frente a la identidad ind\u00edgena:<\/strong> El n\u00facleo anal\u00edtico de la mayor\u00eda radica en determinar si el reconocimiento estatal genera o simplemente constata un derecho. El Tribunal establece que los pueblos originarios poseen una existencia hist\u00f3rica y ontol\u00f3gica previa a la creaci\u00f3n de la Rep\u00fablica y de sus ministerios. Por tanto, las bases de datos administrativas (como la BDPI del Ministerio de Cultura) poseen un car\u00e1cter estrictamente informativo y declarativo, nunca constitutivo. La autoidentificaci\u00f3n y el cumplimiento de criterios objetivos son suficientes para activar la tutela de los derechos colectivos.<\/p>\n\n\n\n<p><br><strong>B. La representatividad y legitimidad procesal activa:<\/strong> La defensa del municipio cuestion\u00f3 la personer\u00eda de la Federaci\u00f3n (FEKIHD) para interponer un amparo a nombre de una comunidad espec\u00edfica. El an\u00e1lisis constitucional ratific\u00f3 que, conforme al Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia previa, los pueblos ind\u00edgenas gozan de autonom\u00eda organizativa. Las federaciones, al ser estructuras representativas institucionalizadas elegidas por las propias bases comunitarias, tienen plena legitimidad procesal para defender derechos colectivos en sede jurisdiccional. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>C. La idoneidad de la consulta previa frente a convenios comerciales<br>ordinarios:<\/strong> El Tribunal analiz\u00f3 la naturaleza jur\u00eddica de la Consulta Previa, determinando que no es un simple tr\u00e1mite contractual ni una negociaci\u00f3n civil de beneficios econ\u00f3micos. Es un proceso de orden p\u00fablico, de naturaleza constitucional y convencional, estructurado en etapas r\u00edgidas e irrenunciables que buscan la obtenci\u00f3n del consentimiento libre, previo e informado. Un convenio administrativo de fiscalizaci\u00f3n o compensaci\u00f3n firmado con un alcalde no cumple con los est\u00e1ndares m\u00ednimos de un di\u00e1logo intercultural genuino, por lo que no puede suplantarlo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong><mark style=\"background-color:#648cf1\" class=\"has-inline-color has-foreground-color\">4. FUNDAMENTACI\u00d3N JUR\u00cdDICA<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><br>La fundamentaci\u00f3n del bloque de mayor\u00eda y las posturas disidentes reflejan un intenso debate<br>sobre las fuentes del derecho ambiental e ind\u00edgena en el Per\u00fa:<br>Fundamentos de la Sentencia de Mayor\u00eda<br>\u25cf<strong> El Bloque de Constitucionalidad:<\/strong> Se aplica de manera directa el art\u00edculo 55 de la Constituci\u00f3n junto con la Cuarta Disposici\u00f3n Final y Transitoria. El Convenio 169 de la OIT forma parte del derecho nacional y posee rango constitucional al ser un tratado sobre derechos humanos. Su obligatoriedad vincula a todos los niveles de gobierno, incluidas<br>las municipalidades provinciales.<br>\u25cf<strong> Interpretaci\u00f3n Sistem\u00e1tica de la Propiedad Colectiva:<\/strong> Con base en los art\u00edculos 2 (inciso 19), 88 y 89 de la Constituci\u00f3n, el Estado garantiza la identidad cultural y la propiedad de las tierras de las comunidades nativas. El cauce de los r\u00edos (material de acarreo) forma parte de su entorno ecol\u00f3gico indispensable para su pesca, agricultura y cosmovisi\u00f3n.<br><strong>\u25cf El Principio de Oportunidad de la Consulta<\/strong>: El derecho a la consulta debe ejecutarse de forma previa a la emisi\u00f3n del acto administrativo (licencia). Si el acto ya se expidi\u00f3 y se encuentra en ejecuci\u00f3n, se configura una afectaci\u00f3n continua a los derechos colectivos que el juez de amparo debe detener de inmediato.<\/p>\n\n\n\n<ul><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong><mark style=\"background-color:#5e8ae9\" class=\"has-inline-color\">5. PARTE RESOLUTIVA<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><br>Al haber alcanzado la mayor\u00eda calificada requerida, el Pleno del Tribunal Constitucional dict\u00f3 el siguiente fallo normativo e imperativo:<\/p>\n\n\n\n<ol>\n<li>Declarar <strong>FUNDADA<\/strong> la demanda de amparo interpuesta por la Federaci\u00f3n Kichwa Huallaga El Dorado (FEKIHD), en representaci\u00f3n de la Comunidad Nativa Maray, por haberse acreditado la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la consulta previa y a la identidad cultural.<\/li>\n\n\n\n<li>Declarar la <strong>NULIDAD<\/strong> e INEFICACIA de todas las autorizaciones, concesiones, licencias permisos otorgados por la Municipalidad Provincial de El Dorado a favor de terceros para la extracci\u00f3n de materiales de acarreo en el \u00e1mbito del R\u00edo Sisa que afecten o se superpongan al territorio geogr\u00e1fico y de influencia de la Comunidad Maray.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>ORDENAR<\/strong> a la Municipalidad Provincial de El Dorado que, de forma previa a la expedici\u00f3n de cualquier nueva autorizaci\u00f3n, concesi\u00f3n o renovaci\u00f3n para la explotaci\u00f3n de recursos no met\u00e1licos o material de acarreo en el R\u00edo Sisa, implemente de manera obligatoria el proceso de Consulta Previa, conforme a las reglas, principios y etapas del Convenio 169 de la OIT y la Ley N.\u00b0 29785.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>EXHORTAR<\/strong> a los ministerios competentes y al Gobierno Regional de San Mart\u00edn a brindar la asistencia t\u00e9cnica necesaria a la corporaci\u00f3n municipal para asegurar el cumplimiento efectivo, pac\u00edfico y c\u00e9lere del mandato de consulta intercultural.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-preformatted\"><strong><mark style=\"background-color:#617ae9\" class=\"has-inline-color\">6: AN\u00c1LISIS<\/mark><\/strong><br><\/pre>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"559\" src=\"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-content\/uploads\/image-77.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2395\" srcset=\"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-content\/uploads\/image-77.png 1024w, https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-content\/uploads\/image-77-300x164.png 300w, https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-content\/uploads\/image-77-768x419.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>El an\u00e1lisis de esta sentencia no puede limitarse a la simple lectura del texto normativo; exige evaluar el impacto sist\u00e9mico que tiene sobre la estructura del Estado peruano.<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li><strong>El desmantelamiento del \u00abEstado Burocr\u00e1tico\u00bb frente al \u00abEstado Plural\u00bb:<\/strong> Hist\u00f3ricamente, las administraciones p\u00fablicas han operado bajo una l\u00f3gica centralista donde lo que no est\u00e1 registrado en un papel oficial en Lima simplemente no existe en la realidad. Al determinar que las bases de datos oficiales (como la BDPI) tienen un car\u00e1cter meramente declarativo y nunca constitutivo, el Tribunal Constitucional obliga a los funcionarios municipales y regionales a salir de sus escritorios. La existencia de un pueblo ind\u00edgena y la protecci\u00f3n de su h\u00e1bitat no dependen de la velocidad o eficiencia de un tr\u00e1mite ministerial, sino de su preexistencia hist\u00f3rica y de su continuidad socio-ancestral en el territorio.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>La resignificaci\u00f3n del espacio natural (El R\u00edo como sujeto de vida, no solo de extracci\u00f3n):<\/strong> Las municipalidades suelen ver los cauces de los r\u00edos bajo la Ley N.\u00b0 28221 exclusivamente como fuentes de agregados, es decir, como recursos econ\u00f3micos no met\u00e1licos para la recaudaci\u00f3n fiscal y el desarrollo de infraestructura urbana. El Tribunal Constitucional reconfigura este enfoque: el R\u00edo Sisa no es un simple banco de piedras; es el entorno ecol\u00f3gico del cual depende la pesca, la agricultura, la salud y la cosmovisi\u00f3n de la Comunidad Maray. Extraer material de acarreo sin consultar equivale a modificar el equilibrio de su hogar, lo que justifica plenamente la activaci\u00f3n de la justicia constitucional a trav\u00e9s del amparo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div data-wp-interactive=\"core\/file\" class=\"wp-block-file\"><object data-wp-bind--hidden=\"!state.hasPdfPreview\"  class=\"wp-block-file__embed\" data=\"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-content\/uploads\/of.-02196-2014-AA-1.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:600px\" aria-label=\"Incrustado de of.-02196-2014-AA-1.\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-c6005566-0308-415f-a0a6-170565351a3d\" href=\"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-content\/uploads\/of.-02196-2014-AA-1.pdf\">of.-02196-2014-AA-1<\/a><a href=\"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-content\/uploads\/of.-02196-2014-AA-1.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-c6005566-0308-415f-a0a6-170565351a3d\">Descarga<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfPuede un tr\u00e1mite administrativo negar la existencia de un pueblo ind\u00edgena? La STC Exp. N.\u00b0 02196-2014-PA\/TC responde con firmeza que no. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional reafirma que la identidad de los pueblos ind\u00edgenas prevalece sobre el formalismo burocr\u00e1tico, consolidando el pluralismo jur\u00eddico y fortaleciendo el derecho fundamental a la consulta previa.<\/p>\n","protected":false},"author":149,"featured_media":2381,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[133],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2373"}],"collection":[{"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/users\/149"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2373"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2373\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2461,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2373\/revisions\/2461"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2381"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2373"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2373"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2373"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}