{"id":2391,"date":"2026-07-20T13:54:33","date_gmt":"2026-07-20T18:54:33","guid":{"rendered":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/?p=2391"},"modified":"2026-07-20T23:21:09","modified_gmt":"2026-07-21T04:21:09","slug":"la-justicia-tambien-debe-hablar-en-lengua-originaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/la-justicia-tambien-debe-hablar-en-lengua-originaria\/","title":{"rendered":"La justicia tambi\u00e9n debe hablar en lengua originaria"},"content":{"rendered":"\n

El Tribunal Constitucional reafirma que el derecho de defensa de las personas ind\u00edgenas exige garantizar el uso de su lengua originaria mediante un int\u00e9rprete durante todo el proceso judicial, consolidando la justicia intercultural como doctrina jurisprudencial vinculante.<\/em><\/p>\n\n\n\n

DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE N.\u00b0 00367-2016-PHC\/TC<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

ANTECEDENTES<\/strong><\/p>\n\n\n\n

<\/object>Antecedentes-del-EXP.-N.\u00b0-00367-2016-PHCTC<\/a>Descarga<\/a><\/div>\n\n\n\n

FUNDAMENTOS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

1. Delimitaci\u00f3n del petitorio<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la sentencia (…) que conden\u00f3 al favorecido a treinta a\u00f1os de pena privativa de la libertad (…). Se alega la vulneraci\u00f3n de los derechos al debido proceso y de defensa, y se invocan los derechos a contar con int\u00e9rprete en el idioma nativo del favorecido, a la identidad \u00e9tnica y cultural, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

El Tribunal delimita claramente que la controversia constitucional no busca revisar la responsabilidad penal del condenado, sino determinar si durante el proceso penal se respetaron sus derechos fundamentales como integrante de un pueblo ind\u00edgena.<\/p>\n\n\n\n

2. An\u00e1lisis de la controversia<\/strong><\/p>\n\n\n\n

a) El derecho de defensa<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

El derecho de defensa requiere que el justiciable se informe de la existencia del proceso penal (…). De ah\u00ed que el derecho de defensa sea, entre otros, una manifestaci\u00f3n del derecho al debido proceso, derecho irrenunciable, dado que la parte no puede decidir si se le concede o no la posibilidad de defenderse; e inalienable, pues su titular no puede sustraerse a su ejercicio.<\/p>\n\n\n\n

b) El derecho a utilizar el propio idioma<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Tribunal destaca que la Constituci\u00f3n, en el art\u00edculo 2, inciso 19 reconoce que, <\/strong>todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un int\u00e9rprete.<\/p>\n\n\n\n

Por consiguiente, el derecho de defensa no ser\u00eda posible si, en el seno del proceso, no se hubiera nombrado int\u00e9rprete al recurrente teniendo este como idioma propio uno distinto al castellano y, en consecuencia, no tuviera la posibilidad de entender el idioma usado en los tribunales a fin de ejercer su derecho de defensa constitucionalmente protegido (Expediente 4789-2009-PHC\/TC).<\/p>\n\n\n\n

c) El castellano como segunda lengua<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Tribunal rechaza la idea de que hablar algo de castellano sea suficiente para prescindir de un int\u00e9rprete.<\/p>\n\n\n\n

Porque si bien la educaci\u00f3n p\u00fablica peruana (\u2026) est\u00e1 dise\u00f1ada para inculcar el aprendizaje del castellano como idioma oficial, ello no implica que los ciudadanos que adopten como segunda lengua al castellano como consecuencia de la educaci\u00f3n b\u00e1sica, hayan logrado superar en su totalidad la barrera del lenguaje, y ello es as\u00ed, dado la diferencia ling\u00fc\u00edstica existente entre los idiomas originarios peruanos.<\/p>\n\n\n\n

Al respecto, diversas investigaciones sobre las lenguas pano (que es la familia ling\u00fc\u00edstica a la que pertenece el shipibo konibo), nos explican la presencia de una cosmovisi\u00f3n propia para expresar su realidad. Lo que nos plantean de manera objetiva que un ciudadano perteneciente a una comunidad chipibo-konibo, tienen una forma particular de entender el mundo, a partir de su forma de vida y su cosmovisi\u00f3n amaz\u00f3nica, lo cual es explicado a trav\u00e9s de su propio idioma materno.<\/p>\n\n\n\n

Y, por otro lado, tambi\u00e9n nos explican que el aprendizaje de un segundo idioma (adicional al materno), requiere condiciones o motivaciones personales a fin de poder llegar a comprenderlo en su totalidad (que no es la situaci\u00f3n de este caso, pues el favorecido se desenvuelve con personas de su misma etnia mayormente).<\/p>\n\n\n\n

d) La situaci\u00f3n concreta del favorecido<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Tribunal analiza las declaraciones del propio \u00d3scar R\u00edos Silvano y observa que \u00e9l mismo manifest\u00f3 hablar principalmente el idioma shipibo-konibo y comprender solo parcialmente el castellano.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

e) La afectaci\u00f3n del derecho de defensa<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tras revisar el expediente penal, el Tribunal observa quela totalidad de diligencias (…) han sido desarrolladas en castellano jur\u00eddico y sin int\u00e9rprete.<\/p>\n\n\n\n

A pesar, que en su declaraci\u00f3n instructiva de fecha 19 de mayo de 2015 (f. 109 a 116, el favorecido se identific\u00f3 como un miembro de la \u00abraza shipibo conibo\u00bb (f. 110); sin embargo, en dicha diligencia, no consta que el juez penal le consultara si requer\u00eda de int\u00e9rprete, por lo que la totalidad de la misma se efectu\u00f3 en castellano. Asimismo, observa que las respuestas del procesado evidenciaban problemas de comprensi\u00f3n, ya que durante el interrogatorio que le efectuar\u00e1 el fiscal superior y la directora de debates, este mostr\u00f3 respuestas singulares a algunas de las preguntas que se le formulara, a lo cual, la directora de debates claramente expres\u00f3 su desconcierto expresando \u00abyo no le pregunt\u00e9 eso\u00bb. Este hecho (…) plantea una duda razonable con relaci\u00f3n a la comprensi\u00f3n del castellano por parte del favorecido.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, el Tribunal concluye: este Colegiado considera que s\u00ed se ha lesionado el derecho de defensa del actor en su aspecto material (\u2026) pues de los actuados del proceso penal obrante en autos se desprende la existencia de una duda razonable respecto al entendimiento del favorecido de algunas palabras en castellano.<\/p>\n\n\n\n

Y que pese a tener la calidad de docente biling\u00fce, no podr\u00eda exig\u00edrsele tal cambio de entendimiento, pues es parte de su conformaci\u00f3n cultural como miembro de una comunidad nativa, conforme se autoidentific\u00f3 en su declaraci\u00f3n instructiva (f. 110), y que se encuentra acreditado a fojas 10 de autos.<\/p>\n\n\n\n

f) El deber del juez<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Asimismo, este Tribunal considera importante se\u00f1alar que los jueces de la rep\u00fablica, no importando su especialidad o su nivel de jerarqu\u00eda, tienen el deber de impartir justicia de manera objetiva, al cual se suma el deber de garantizar la primac\u00eda de la Constituci\u00f3n (\u2026) garantizar, oportunamente, el debido proceso a fin de evitar la demora injustificada en su tr\u00e1mite producto de vicios que pudieron haberse subsanado a tiempo.<\/p>\n\n\n\n

Por lo que es necesario precisar que, el deber de resguardar el tr\u00e1mite regular de los procesos es una responsabilidad exclusiva de los jueces (\u2026); y, por ello, no es posible exig\u00edrsele a las partes, en el caso de que hablen un idioma originario, que demuestren su grado de incomprensi\u00f3n del castellano, as\u00ed como tampoco puede inferirse que, pese a autoidentificarse como miembro de una comunidad ind\u00edgena y hablar el castellano (biling\u00fce), el procesado no requiera de un int\u00e9rprete porque no lo exigi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Por ello, ante controversias en donde algunas de las partes se autoidentifique como miembro de una comunidad ind\u00edgena, el juez tiene el deber de velar por sus derechos fundamentales al interior del proceso, para lo cual, tiene la obligaci\u00f3n de adoptar las medidas necesarias para garantizarlos, a fin de impartir justicia con imparcialidad y en cumplimiento de los mandatos constitucionales.<\/p>\n\n\n\n

Incluso si el ciudadano peruano ha recibido educaci\u00f3n biling\u00fce, conforme se encuentra acreditado en autos (Cfr. escrito de fecha 3 de enero de 2017, obrante en el cuadernillo del Tribunal Constitucional), no absuelve a los jueces de su deber de resguardar el derecho de defensa de dicha parte, pues, m\u00ednimamente, debe asegurarse de que realmente comprende el idioma castellano y que podr\u00e1 expresar su verdad sin limitaciones o confusiones durante su juzgamiento.<\/p>\n\n\n\n

3. Los procesos constitucionales y los idiomas originarios<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A partir de este caso, el Tribunal sostuvo que la justicia constitucional debe asegurar una tutela jurisdiccional efectiva a las personas ind\u00edgenas, garantizando su derecho a comunicarse en su propio idioma durante todo el proceso constitucional. En consecuencia, estableci\u00f3 que todo juez constitucional que conozca un proceso en el que participe una persona que se autoidentifique como miembro de una comunidad ind\u00edgena tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso de su idioma mediante un int\u00e9rprete, pudiendo solicitar el apoyo del Servicio de Int\u00e9rpretes del Poder Judicial o del Registro Nacional de Traductores e Int\u00e9rpretes del Ministerio de Cultura.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, el Tribunal precis\u00f3 que la resoluci\u00f3n de estos procesos debe incorporar un enfoque intercultural, considerando las condiciones sociales, culturales y morales de las personas ind\u00edgenas, a fin de brindar una protecci\u00f3n efectiva de sus derechos fundamentales. En tal sentido, el Tribunal Constitucional considera valioso el avance que ha venido efectuando el Poder Judicial al aprobar el Protocolo de Atenci\u00f3n y Orientaci\u00f3n Legal con Enfoque Intercultural, y en especial, los principios que desarrolla: <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Finalmente, este Tribunal considera pertinente establecer los antes citados principios como doctrina jurisprudencial vinculante en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto por el art\u00edculo VI del T\u00edtulo Preliminar del C\u00f3digo Procesal Constitucional.<\/p>\n\n\n\n

DESICI\u00d3N DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ha resuelto declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado vulneraci\u00f3n del derecho de don Oscar R\u00edos Silvano a usar su idioma shipibo conibo en la tramitaci\u00f3n del expediente penal 2004-00903-0-2402-JR-PE-01. Y por ende declara tambi\u00e9n NULA la sentencia de fecha 29 de enero de 2007 en el extremo que conden\u00f3 al favorecido a treinta a\u00f1os de pena privativa de la libertad por la comisi\u00f3n del delito de homicidio calificado en calidad de instigador, y la resoluci\u00f3n suprema de fecha 4 de julio del 2007 que declar\u00f3 no haber nulidad en dicho extremo de la sentencia impugnada.<\/p>\n\n\n\n

REFLEXI\u00d3N<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Esta sentencia demuestra que el acceso a la justicia no se garantiza \u00fanicamente permitiendo que una persona participe en un proceso, sino asegurando que comprenda plenamente lo que ocurre en \u00e9l; adem\u00e1s de recordarnos que el idioma forma parte de la identidad cultural y constituye una garant\u00eda indispensable del derecho de defensa. Y que un Estado constitucional e intercultural, impartir justicia tambi\u00e9n implica eliminar las barreras ling\u00fc\u00edsticas que colocan a las personas ind\u00edgenas en una situaci\u00f3n de desventaja.<\/p>\n\n\n\n

Sentencia del Tribunal Constitucional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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El Tribunal Constitucional reafirma que el derecho de defensa de las personas ind\u00edgenas exige garantizar el uso de su lengua originaria mediante un int\u00e9rprete durante todo el proceso judicial, consolidando la justicia intercultural como doctrina jurisprudencial vinculante. DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE N.\u00b0 00367-2016-PHC\/TC ANTECEDENTES FUNDAMENTOS 1. Delimitaci\u00f3n del petitorio El objeto de la demanda es […]<\/p>\n","protected":false},"author":146,"featured_media":2429,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[128,133],"tags":[142,143,139],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2391"}],"collection":[{"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/users\/146"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2391"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2391\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2431,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2391\/revisions\/2431"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2429"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2391"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2391"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2391"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}