{"id":2462,"date":"2026-07-20T22:50:06","date_gmt":"2026-07-21T03:50:06","guid":{"rendered":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/?p=2462"},"modified":"2026-07-20T22:58:19","modified_gmt":"2026-07-21T03:58:19","slug":"2462-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/2462-2\/","title":{"rendered":"Entre la justicia comunal y los derechos fundamentales: Una mirada Intercultural a la cadena ronderil"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

EXP. N.\u00b0 01622-2022-PHC\/TC<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La jurisprudencia constitucional peruana reconoce que el Per\u00fa es una sociedad caracterizada por su diversidad \u00e9tnica y cultural, esta realidad se encuentra reflejada en la Constituci\u00f3n mediante el reconocimiento de la pluralidad \u00e9tnica y cultural de la Naci\u00f3n y, dentro de ella, del pluralismo jur\u00eddico. En este contexto, la existencia de formas de justicia comunal constituye una expresi\u00f3n de la diversidad jur\u00eddica y cultural del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

El Tribunal Constitucional aborda la problem\u00e1tica de reconocer a la justicia comunal y las pr\u00e1cticas propias de las comunidades, y rondas campesinas; y, por otro, la obligaci\u00f3n de respetar los derechos fundamentales de toda persona a partir del caso de Richard Roger Garc\u00eda Chislla y Agustina Sucapuca Mamani, quienes fueron sometidos a la denominada \u00abcadena ronderil\u00bb por las Rondas Campesinas de Carabaya, en el contexto de una investigaci\u00f3n relacionada con la muerte de Rosa Mendoza Ccaza. El caso permite reflexionar sobre los l\u00edmites que debe tener el ejercicio de la justicia comunal y sobre la necesidad de interpretar estas realidades desde una perspectiva intercultural.<\/p>\n\n\n\n

El pluralismo jur\u00eddico como expresi\u00f3n de la diversidad cultural<\/em><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Uno de los principales argumentos desarrollados por el Tribunal Constitucional parte del reconocimiento constitucional de la pluralidad \u00e9tnica y cultural de la Naci\u00f3n. Esta pluralidad tambi\u00e9n se manifiesta en el \u00e1mbito jur\u00eddico mediante el denominado pluralismo jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n

El Tribunal explica que el pluralismo jur\u00eddico supone reconocer que la producci\u00f3n del derecho y la soluci\u00f3n de conflictos no constituyen una actividad monopolizada exclusivamente por el Estado. En el ordenamiento constitucional peruano existen diversos actores que pueden ejercer funciones relacionadas con la administraci\u00f3n de justicia, dentro de los \u00e1mbitos y l\u00edmites establecidos por la propia Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En este marco, la jurisdicci\u00f3n comunal constituye una manifestaci\u00f3n del pluralismo jur\u00eddico. El art\u00edculo 149 de la Constituci\u00f3n reconoce que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su \u00e1mbito territorial y conforme al derecho consuetudinario.<\/p>\n\n\n\n

Del multiculturalismo al constitucionalismo intercultural<\/em><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Un aspecto especialmente importante de la sentencia es que el Tribunal Constitucional no se limita a reconocer la diversidad cultural, sino que plantea la necesidad de comprender las relaciones entre las diferentes culturas desde un constitucionalismo intercultural.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab<\/em>[…] ninguna cultura o cosmovisi\u00f3n puede ser menospreciada o considerarse subordinada a otras, pues en el marco de nuestro Estado Constitucional partimos m\u00e1s bien de \u00abun sistema de car\u00e1cter dial\u00f3gico, en el que las distintas creencias y culturas tienen algo que aportar\u00bb\u00bb<\/em><\/p>FUNDAMENTO 5: Sentencia 02765-2014- PA\/TC, fundamento 8<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

Desde esta perspectiva, ninguna cultura o cosmovisi\u00f3n debe ser considerada inferior o subordinada a otra. El Estado constitucional debe partir de un modelo de di\u00e1logo entre las diferentes culturas, reconociendo que cada una puede aportar elementos relevantes para la construcci\u00f3n de una sociedad plural.<\/p>\n\n\n\n

Esta perspectiva resulta fundamental para comprender la justicia comunal. El reconocimiento de las formas tradicionales de organizaci\u00f3n y soluci\u00f3n de conflictos no debe partir de una visi\u00f3n que considere que la justicia estatal es necesariamente superior a la justicia comunal. Por el contrario, debe existir un di\u00e1logo que permita comprender la realidad cultural en la que se desarrollan las pr\u00e1cticas comunales.<\/p>\n\n\n\n

El reconocimiento de las rondas campesinas y los l\u00edmites de su actuaci\u00f3n<\/em><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

El Tribunal Constitucional reconoce la importancia de las rondas campesinas dentro de la realidad social y cultural peruana. Sin embargo, tambi\u00e9n precisa que el reconocimiento de sus funciones no significa que puedan actuar al margen de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La sentencia recoge los elementos que permiten identificar la jurisdicci\u00f3n especial comunal-ronderil: un elemento humano, relacionado con el grupo diferenciado por su origen \u00e9tnico; un elemento org\u00e1nico, referido a la existencia de autoridades tradicionales; un elemento normativo, vinculado con un sistema jur\u00eddico propio; y un elemento geogr\u00e1fico, relacionado con el \u00e1mbito territorial.<\/p>\n\n\n\n

A estos elementos se suma el denominado factor de congruencia, que exige que la aplicaci\u00f3n del derecho consuetudinario no vulnere los derechos fundamentales de las personas.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

La cadena ronderil y el conflicto con los derechos fundamentales<\/em><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

El conflicto central del caso se origina cuando Richard Roger Garc\u00eda Chislla y Agustina Sucapuca Mamani fueron sometidos a la denominada \u00abcadena ronderil\u00bb en el contexto de una investigaci\u00f3n por la muerte de Rosa Mendoza Ccaza.

Seg\u00fan los hechos analizados por el Tribunal, Richard Roger Garc\u00eda Chislla fue flagelado, despojado de su vestimenta y trasladado por diferentes ciudades de la regi\u00f3n Puno, mientras era insultado, azotado y castigado. En el caso de Agustina Sucapuca Mamani, adem\u00e1s de los maltratos denunciados, se restringi\u00f3 su libertad debido a su supuesta condici\u00f3n de \u00abamante\u00bb de uno de los presuntos responsables, sin que existiera una sindicaci\u00f3n concreta que justificara dicha imputaci\u00f3n. <\/p>

Estos hechos adquieren especial relevancia porque, aunque las rondas campesinas puedan desarrollar actividades vinculadas con la soluci\u00f3n de conflictos o colaborar en la investigaci\u00f3n de hechos ocurridos dentro de su \u00e1mbito, el Tribunal considera que el ejercicio de estas funciones no puede implicar la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales.<\/p><\/p>\n\n\n\n

La sentencia destaca que la Constituci\u00f3n proh\u00edbe que una persona sea v\u00edctima de violencia moral, ps\u00edquica o f\u00edsica, as\u00ed como de tortura o tratos inhumanos o humillantes. Esta protecci\u00f3n tambi\u00e9n se encuentra respaldada por instrumentos internacionales de derechos humanos mencionados en la propia resoluci\u00f3n. Por ello, el hecho de que una pr\u00e1ctica tenga aceptaci\u00f3n dentro de una determinada poblaci\u00f3n o forme parte de una costumbre no resulta suficiente para justificarla cuando afecta derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n

La justicia comunal no constituye una jurisdicci\u00f3n aut\u00e1rquica<\/em><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

\u00ab[\u2026] la \u201cjurisdicci\u00f3n comunal\u201d, no constituye ninguna \u201cjurisdicci\u00f3n aut\u00e1rquica\u201d, cuya competencia objetiva por raz\u00f3n de la materia se encuentre m\u00e1s all\u00e1 de los principios, valores y derechos que nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica promueve y reconoce\u00bb<\/em><\/em><\/p>FUNDAMENTO 5: Singular<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

Esta afirmaci\u00f3n permite comprender que el reconocimiento constitucional de la justicia comunal no implica que sus actuaciones se encuentren fuera del marco constitucional. Por el contrario, su ejercicio debe desarrollarse respetando los derechos fundamentales, los cuales constituyen un l\u00edmite esencial frente a cualquier pr\u00e1ctica que pueda vulnerar la dignidad de las personas.<\/p>\n\n\n\n

Investigaci\u00f3n comunal, l\u00edmites de la actuaci\u00f3n ronderil y protecci\u00f3n de la dignidad humana<\/em><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

El caso evidencia la necesidad de diferenciar entre la leg\u00edtima intervenci\u00f3n de las rondas campesinas en la investigaci\u00f3n y soluci\u00f3n de conflictos y aquellos actos que exceden sus competencias y vulneran los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional reconoce la gravedad del feminicidio investigado y no desconoce la importancia de la intervenci\u00f3n de las rondas campesinas en la averiguaci\u00f3n de los hechos; sin embargo, precisa que esta intervenci\u00f3n no puede justificar que las personas investigadas sean sometidas a pr\u00e1cticas de violencia, humillaci\u00f3n, castigos f\u00edsicos o restricciones arbitrarias de su libertad.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, la investigaci\u00f3n de un hecho delictivo, incluso cuando se trate de un caso de extrema gravedad, debe desarrollarse respetando las garant\u00edas constitucionales. El reconocimiento de las funciones de las rondas campesinas dentro de la justicia comunal no significa que estas puedan actuar al margen de la Constituci\u00f3n ni que cualquier m\u00e9todo empleado para combatir la delincuencia quede justificado por la costumbre o por el derecho consuetudinario. Por ello, la sentencia establece una distinci\u00f3n fundamental: reconocer la legitimidad de la intervenci\u00f3n comunal frente a la delincuencia no equivale a legitimar cualquier pr\u00e1ctica utilizada para combatirla.<\/p>\n\n\n\n

Esta consideraci\u00f3n se relaciona directamente con el enfoque intercultural desarrollado por el Tribunal Constitucional, pues la protecci\u00f3n de la diversidad cultural debe coexistir con el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales. La justicia comunal no debe ser eliminada ni desconocida por el sistema jur\u00eddico estatal; por el contrario, su existencia y sus particularidades deben ser reconocidas y comprendidas dentro de una sociedad culturalmente diversa. Sin embargo, tampoco puede ser concebida como un espacio en el que los derechos fundamentales pierdan vigencia.<\/p>\n\n\n\n

Desde esta perspectiva, la interculturalidad exige establecer un di\u00e1logo y una relaci\u00f3n de respeto entre las diferentes formas de comprender y ejercer la justicia, reconociendo la legitimidad de las pr\u00e1cticas comunales, pero dentro de un marco constitucional com\u00fan. As\u00ed, la dignidad humana constituye un l\u00edmite fundamental para el ejercicio de la justicia comunal, de modo que ninguna pr\u00e1ctica sustentada en la costumbre puede justificar la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas.<\/p>\n\n\n\n

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