{"id":548,"date":"2024-05-26T23:32:34","date_gmt":"2024-05-27T04:32:34","guid":{"rendered":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/?p=548"},"modified":"2024-05-26T23:32:34","modified_gmt":"2024-05-27T04:32:34","slug":"precedente-constitucional-vinculante-sentencia-del-tribunal-constitucional-exp-no-02496-2005-phc-tc-lima","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/precedente-constitucional-vinculante-sentencia-del-tribunal-constitucional-exp-no-02496-2005-phc-tc-lima\/","title":{"rendered":"Precedente Constitucional Vinculante: SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Exp. N\u00ba 02496-2005-PHC\/TC – Lima"},"content":{"rendered":"\n

Asunto:<\/strong> Recurso de agravio constitucional interpuesto por do\u00f1a Eva Rosario Valencia Gutierrez, contra la resoluci\u00f3n de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en C\u00e1rcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara improcedente la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus de autos.<\/p>\n\n\n\n

A\u00f1o:<\/strong> 17 de mayo de 2005.<\/p>\n\n\n\n

Resumen:<\/strong> La sentencia del Expediente 2496-2005-HC\/TC establece precedentes vinculantes en relaci\u00f3n con los l\u00edmites a la libertad personal y el principio \u201ctempus regim actum\u201d en el contexto del derecho procesal peruano.<\/p>\n\n\n\n

En primer lugar, se establece que la libertad personal es un derecho fundamental que solo puede ser restringido en casos excepcionales y mediante un debido proceso legal. Se enfatiza la importancia de garantizar que cualquier privaci\u00f3n de libertad est\u00e9 justificada, proporcional y en cumplimiento de los principios constitucionales, especialmente el debido proceso y la presunci\u00f3n de inocencia.<\/p>\n\n\n\n

En segundo lugar, se consagra el principio tempus regim actum, que establece que la ley procesal aplicable en el tiempo es aquella que se encuentra vigente al momento de la resoluci\u00f3n del caso. Este principio busca garantizar la seguridad jur\u00eddica y evitar retroactividad en perjuicio del imputado, asegurando que se apliquen las normas procesales vigentes al momento de tomar la decisi\u00f3n judicial.<\/p>\n\n\n\n

Los fundamentos jur\u00eddicos vinculantes derivados de esta sentencia subrayan la importancia de respetar los derechos fundamentales de los imputados y asegurar la aplicaci\u00f3n coherente de las normas procesales en el tiempo, en consonancia con los principios constitucionales y los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

Fundamentos jur\u00eddicos con car\u00e1cter vinculante:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

3. En reiterada jurisprudencia, este Colegiado ha sostenido que el proceso de h\u00e1beas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso. En el presente caso, habida cuenta de que se han establecido judicialmente restricciones al pleno ejercicio de la libertad locomotora, tras la imposici\u00f3n de la medida cautelar de detenci\u00f3n preventiva, el Tribunal Constitucional tiene competencia, ratione materiae<\/em>, para evaluar la legitimidad de los actos judiciales considerados lesivos.<\/p>\n\n\n\n

De los l\u00edmites a la libertad personal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

5.  Conforme a lo enunciado por \u00e9ste Tribunal en reiterada jurisprudencia, la libertad personal es no es solo un derecho fundamental reconocido, sino un valor superior del ordenamiento jur\u00eddico, pero su ejercicio no es absoluto e  ilimitado; pues se encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley.<\/p>\n\n\n\n

Por ello, los l\u00edmites a los derechos pueden ser impuestos por la misma norma que reconoce el derecho; por el ejercicio de uno o m\u00e1s derechos constitucionales, o por el ejercicio de uno o varios bienes jur\u00eddicos constitucionales.<\/p>\n\n\n\n

De la detenci\u00f3n preventiva<\/strong><\/p>\n\n\n\n

7. El art\u00edculo 9\u00ba del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos establece que toda persona detenida o presa a causa de una infracci\u00f3n penal ser\u00e1 llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendr\u00e1 derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisi\u00f3n preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podr\u00e1 estar subordinada a garant\u00edas que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecuci\u00f3n del fallo.<\/em><\/p>\n\n\n\n

8. De cuyo contenido se infiere que la detenci\u00f3n preventiva constituye una de las formas  constitucionales de garantizar que el procesado comparezca a las diligencias judiciales.<\/p>\n\n\n\n

La legislaci\u00f3n penal en materia antiterrorista<\/strong><\/p>\n\n\n\n

12. Con relaci\u00f3n a la aplicaci\u00f3n de las normas penales, este Tribunal ha manifestado, en reiterada jurisprudencia, que en la aplicaci\u00f3n de normas procesales penales rige el principio tempus regit actum<\/em>, que establece que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente<\/em> al momento de resolverse<\/a>[2]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

13. Siendo ello as\u00ed, resulta de aplicaci\u00f3n  al caso de autos, el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley N.\u00ba 27553, que  desde el 13 de noviembre de 2001 modifica el art\u00edculo 137.\u00ba del C\u00f3digo Procesal Penal, estableciendo que el plazo de detenci\u00f3n en el proceso penal ordinario tiene una duraci\u00f3n m\u00e1xima de 18 meses; que se duplicar\u00e1 <\/em><\/strong>en caso de que el proceso sea por los delitos de terrorismo, tr\u00e1fico de drogas, espionaje u otro de naturaleza compleja seguido contra m\u00e1s de diez imputados.<\/p>\n\n\n\n

Ha resuelto:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

1. Declarar INFUNDADA la demanda.<\/p>\n\n\n\n

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