{"id":77,"date":"2024-05-25T22:28:23","date_gmt":"2024-05-26T03:28:23","guid":{"rendered":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/?p=77"},"modified":"2025-05-07T20:26:49","modified_gmt":"2025-05-08T01:26:49","slug":"acuerdo-plenario-n-08-2007-cj-116","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/acuerdo-plenario-n-08-2007-cj-116\/","title":{"rendered":"Acuerdo Plenario N.\u00b0 4-2008 \/CJ-116"},"content":{"rendered":"\n

Asunto: <\/strong><\/kbd>Aplicaci\u00f3n del Art\u00edculo 173\u00ba. 3 Del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n\n\n\n

A\u00f1o: <\/strong>18 de julio de 2008.<\/kbd><\/p>\n\n\n\n

Antecedente:<\/strong> El Pleno decidi\u00f3 referirse a las Ejecutorias Supremas y al Acuerdo Plenario N\u00b0 7-2007\/CJ-116, del 16 de noviembre de 2007, para analizar la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 173, inciso 3 del C\u00f3digo Penal, modificado por la Ley N\u00b0 28704, sobre el delito de violaci\u00f3n de menores entre catorce y dieciocho a\u00f1os. Los temas analizados fueron: (1) la no punibilidad en casos de relaciones sexuales voluntarias con menores entre catorce y diecis\u00e9is a\u00f1os; (2) la responsabilidad restringida cuando el autor tiene entre dieciocho y veinti\u00fan a\u00f1os; y (3) el alcance del fundamento jur\u00eddico und\u00e9cimo del Acuerdo Plenario, relacionado con factores complementarios de atenuaci\u00f3n de la pena.<\/p>\n\n\n\n

Acuerdo:<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Establecer como doctrina legal, como doctrina legal, el contenido de los fundamentos jur\u00eddicos seis a doce.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Fundamentos:<\/em><\/h3>\n\n\n\n
Fundamento 6.<\/summary>\n

El art\u00edculo 173\u00ba, inciso 3), del C\u00f3digo Penal, modificado por la Ley 28704<\/strong>
publicada el cinco de abril de dos mil seis, establece como nueva modalidad
del sub tipo penal agravado la violaci\u00f3n de un menor de edad cuya edad
fluct\u00faa entre catorce y dieciocho a\u00f1os. Incluso criminaliza la relaci\u00f3n
sexual sostenida con un adolescente de esas caracter\u00edsticas que haya
prestado su consentimiento. De acuerdo a este dispositivo el sujeto activo
puede ser cualquier persona mayor de dieciocho a\u00f1os de edad y el sujeto
pasivo un menor, hombre o mujer, mayor de catorce a\u00f1os pero menor
de dieciocho a\u00f1os. Por otra parte el art\u00edculo 20\u00ba, inciso 10), del C\u00f3digo
Penal,<\/strong> establece como una causal de exenci\u00f3n de pena la circunstancia
que el titular del bien jur\u00eddico protegido de libre disposici\u00f3n, en este caso
el sujeto pasivo, haya prestado su consentimiento para la afectaci\u00f3n de
dicho bien.
En consecuencia, es menester analizar si la libertad sexual o, en su caso, la
indemnidad sexual son bienes jur\u00eddicos de libre disposici\u00f3n, y si un menor
cuya edad est\u00e1 entre los catorce y dieciocho a\u00f1os tiene capacidad jur\u00eddica
para disponer de dicho bien.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

Fundamento 7.<\/summary>\n

Planteado as\u00ed el problema, es de entender como libertad sexual la capacidad
legalmente reconocida que tiene una persona para autodeterminarse en
el \u00e1mbito de su sexualidad, y como indemnidad sexual la preservaci\u00f3n
de la sexualidad de una persona cuando no est\u00e1 en condiciones de
decidir sobre su actividad sexual: menores e incapaces. En ambos casos
es evidente que el fundamento material de las infracciones que las
comprende es el derecho a una actividad sexual en libertad. Bajo estas
premisas, corresponde establecer, desde la Constituci\u00f3n y las normas
legales vigentes, desde qu\u00e9 edad una persona tiene libertad para disponer
de su sexualidad y, por consiguiente, hasta cu\u00e1ndo el Estado tiene el deber
de criminalizar conductas asociadas a la vulneraci\u00f3n de la indemnidad
sexual.
El C\u00f3digo Civil,<\/strong> aparentemente, determina ese punto al establecer en sus
art\u00edculos 44\u00ba, 46\u00ba y 241\u00ba<\/strong> que la persona mayor de diecis\u00e9is y menor de
dieciocho a\u00f1os de edad es incapaz relativa, y que est\u00e1 en condiciones de
contraer matrimonio. Ese plexo normativo, de un lado, implicar\u00eda que
quien tiene esa edad tiene la capacidad necesaria para autodeterminarse
y dirigir sus decisiones de acuerdo a sentido respecto a su vida sexual;
y, de otro lado, zanjar\u00eda la cuesti\u00f3n desde la perspectiva jur\u00eddico penal.
Desde esa base normativa fue que se redact\u00f3 el duod\u00e9cimo fundamento
jur\u00eddico del Acuerdo Plenario N\u00ba 7-2007\/CJ-116,<\/strong> con car\u00e1cter vinculante.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

Fundamento 8.<\/summary>\n

Sin embargo, es de se\u00f1alar que existen otras normas, igualmente vigentes,
que se refieren al tema e integran figuras jur\u00eddico penales cl\u00e1sicas de
nuestro Derecho punitivo, que permiten variar el enfoque del problema.
As\u00ed, el art\u00edculo 175\u00ba del C\u00f3digo Penal, <\/strong>que contempla el tipo legal de
seducci\u00f3n, sanciona al que mantiene relaciones sexuales con una persona
que se encuentra en una edad cronol\u00f3gica comprendida entre catorce
a\u00f1os y dieciocho a\u00f1os, viciando su voluntad por medio del enga\u00f1o. Esta
norma trae como inevitable conclusi\u00f3n que la v\u00edctima tiene, en principio,
libertad para disponer de su sexualidad, libertad que sin embargo ha
sido afectada por un consentimiento obtenido mediante un medio il\u00edcito
(enga\u00f1o).
De igual manera, el art\u00edculo 176\u00ba-A del mismo C\u00f3digo<\/strong>, que tipifica el
delito de atentado al pudor de menores, castiga a quien realiza sobre un
menor de catorce a\u00f1os o le obliga a efectuar sobre s\u00ed mismo o tercero
tocamientos indebidos en sus partes \u00edntimas o actos libidinosos contrarios
al pudor, mientras el art\u00edculo 176\u00ba del C\u00f3digo Penal<\/strong> comprende tales actos
realizados a los mayores de esa edad, siempre que el sujeto activo ejerza
violencia o grave amenaza. El an\u00e1lisis sistem\u00e1tico de estas dos \u00faltimas
normas permite concluir que los mayores de catorce a\u00f1os, en ejercicio de
su libertad sexual, pueden consentir, sin que sea penado, que se les haga
tales tocamientos, lo que importa una causa gen\u00e9rica de atipicidad.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

Fundamento 9.<\/summary>\n

Tal como se ha visto, y con independencia de toda concepci\u00f3n moral
o valoraci\u00f3n social -que pugnar\u00eda con el reconocimiento del car\u00e1cter
pluralista de la sociedad-, existe objetiva contradicci\u00f3n entre las
disposiciones del C\u00f3digo Civil y del art\u00edculo 173\u00ba.3) del C\u00f3digo Penal,<\/strong>
y entre las normas que configuran el propio C\u00f3digo Penal -los diversos
tipos legales que integran el denominado Derecho penal sexual nacional-,
todas ellas actualmente vigentes. En tal virtud, debe aplicarse la Ley
m\u00e1s favorable al reo conforme a lo dispuesto por el art\u00edculo 139\u00ba, inciso
11), de la Constituci\u00f3n.<\/strong>
Uno de los supuestos de la referida norma constitucional tiene como
elemento esencial la existencia de normas contradictorias entre s\u00ed, que obliga al juzgador a la aplicaci\u00f3n de la ley m\u00e1s favorable. Esta cl\u00e1usula constitucional se funda, como afirma RUBIO CORREA, MARCIAL, \u201c\u2026en que si la sociedad tiene dos consideraciones simult\u00e1neas sobre el mismo hecho y va a sancionar, es razonable que se elija la sanci\u00f3n menor o la consideraci\u00f3n menos grave: as\u00ed se tomar\u00e1 como criterio social el de mayor benignidad y se restringir\u00e1 en menor grado los derechos del reo\u2026\u201d (Estudio de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1993, Tomo 5, Pontificia Universidad Cat\u00f3lica del Per\u00fa – Fondo Editorial, Lima, mil novecientos noventa y nueve, p\u00e1gina ciento doce).
Por tanto, en cuanto a la exenci\u00f3n de responsabilidad penal por consentimiento del titular del bien jur\u00eddico afectado, aplicable al delito de violaci\u00f3n sexual a que se refiere el art\u00edculo 173\u00ba, inciso 3), del C\u00f3digo Penal<\/strong>, debe ampliarse el duod\u00e9cimo fundamento jur\u00eddico del Acuerdo Plenario N\u00ba 7-2007\/CJ-116 <\/strong>a toda relaci\u00f3n sexual voluntaria mantenida con adolescentes de catorce a dieciocho a\u00f1os de edad. Es menester, en consecuencia, dejar sin efecto dicho Acuerdo Plenario en lo relativo a la penalidad atenuada cuando el sujeto pasivo es menor de diecis\u00e9is a\u00f1os y mayor de catorce a\u00f1os.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

Fundamento 10.<\/summary>\n

Igualmente debe establecerse si para los casos de delitos de violaci\u00f3n de
la libertad sexual se aplica o no la atenuaci\u00f3n de pena por responsabilidad
restringida, al colisionar el segundo p\u00e1rrafo del art\u00edculo veintid\u00f3s del
C\u00f3digo sustantivo con el principio -derecho fundamental de igualdad ante
la Ley.
El art\u00edculo 22\u00ba del C\u00f3digo Penal,<\/strong> modificado por la Ley n\u00famero veintisiete
mil veinticuatro, del veinticinco de diciembre de mil novecientos noventa
y ocho, establece en su primer p\u00e1rrafo la regla general. Dice: \u201cPodr\u00e1
reducirse prudencialmente la pena se\u00f1alada para el hecho punible cometido
cuando el agente tenga m\u00e1s de dieciocho y menos de veinti\u00fan a\u00f1os, o m\u00e1s
de sesenta y cinco a\u00f1os, al momento de realizar la infracci\u00f3n\u201d. Empero, en
su segundo p\u00e1rrafo introduce diversas excepciones en funci\u00f3n al delito
cometido, no a la culpabilidad del autor y a la necesidad preventiva de
pena, como pudiera parecer coherente con el fundamento material de la
imputabilidad. As\u00ed, \u201cest\u00e1 excluido el agente que haya incurrido en delito
de violaci\u00f3n de la libertad sexual, [\u2026] y otro delito sancionado con pena
privativa de libertad no menor de veinticinco a\u00f1os o cadena perpetua\u201d.
Sobre el particular es de mencionar que existe pronunciamiento de la Sala
Constitucional Permanente de la Corte Suprema que, desaprobando una <\/p>\n\n\n\n

sentencia consultada que hizo control difuso e inaplic\u00f3 dicho segundo
p\u00e1rrafo del art\u00edculo veintid\u00f3s del C\u00f3digo Penal, declar\u00f3 que dicha norma
penal no se contrapone a la Constituci\u00f3n. Esa decisi\u00f3n obliga a establecer
si tiene, a su vez, car\u00e1cter vinculante; y, por ende, si clausura la discusi\u00f3n
judicial.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

Fundamento 11.<\/summary>\n

El sistema de control de la constitucionalidad de las leyes que asume
nuestra Ley Fundamental es tanto concentrado como difuso. El primer
modelo es de exclusiva competencia material del Tribunal Constitucional,
mientras el segundo corresponde a los jueces ordinarios, que lo ejercen
en cada caso particular. Desde esta perspectiva, no corresponde al Pleno
Jurisdiccional Penal adoptar un Acuerdo vinculante pronunci\u00e1ndose
sobre la legitimidad constitucional de la norma en cuesti\u00f3n, pues
-por sus efectos- invadir\u00eda las atribuciones exclusivas del Tribunal
Constitucional y restar\u00eda competencia a la Sala Constitucional de este
Supremo Tribunal.
El control difuso, como ya se anot\u00f3, es de aplicaci\u00f3n por todos los jueces
de la jurisdicci\u00f3n penal ordinaria. Como tal, los jueces tienen incluso
la obligaci\u00f3n de inaplicar las normas pertinentes que coliden con la
Constituci\u00f3n, sin perjuicio que por razones de seguridad y garant\u00eda de
unidad de criterio, corresponda la consulta a la Sala Constitucional de la
Corte Suprema. Los efectos generales de una sentencia judicial, por su
propia excepcionalidad, exige no s\u00f3lo una norma habilitadora sino tambi\u00e9n
una decisi\u00f3n espec\u00edfica, que as\u00ed lo decida, de dicha Sala Jurisdiccional de la
Corte Suprema.
Y, la \u00fanica posibilidad, legalmente aceptable, ser\u00eda que dicha Sala siga el
procedimiento establecido en el art\u00edculo 22\u00ba de la Ley Org\u00e1nica del Poder
Judicial,<\/strong> que por lo dem\u00e1s no ha utilizado en el presente caso.
Los jueces penales, en consecuencia, est\u00e1n plenamente habilitados
a pronunciarse, si as\u00ed lo juzgan conveniente, por la inaplicaci\u00f3n del
p\u00e1rrafo segundo del art\u00edculo 22\u00ba del C\u00f3digo Penal<\/strong>, si estiman que dicha
norma introduce una discriminaci\u00f3n -desigualdad de trato irrazonable y
desproporcionada, sin fundamentaci\u00f3n objetiva suficiente-, que impide
un resultado jur\u00eddico leg\u00edtimo.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

Fundamento 12.<\/summary>\n

Como consecuencia de las consideraciones anteriormente expuestas, es
necesario determinar la vigencia o no del und\u00e9cimo fundamento jur\u00eddico
del Acuerdo Plenario N\u00ba 7-2007\/CJ-116.<\/strong> Sobre el particular es de enfatizar
que al haberse dejado establecida la exenci\u00f3n de responsabilidad penal
para toda relaci\u00f3n sexual voluntaria con adolescentes que cuentan con
catorce a\u00f1os de edad o m\u00e1s, carece de trascendencia la diferencia de
edades que haya entre sujeto activo y pasivo o el v\u00ednculo sentimental que
exista entre ellos, en tanto en cuanto no medie violencia, grave amenaza o
enga\u00f1o -este \u00faltimo solo relevante en el delito de seducci\u00f3n-. Es evidente,
por lo dem\u00e1s, que existir\u00e1 delito -de acceso carnal sexual o actos contrarios
al pudor- cuando se coarta, limita o anula la libre decisi\u00f3n de una persona
en relaci\u00f3n con su actividad sexual, para cuya determinaci\u00f3n: ausencia de
consentimiento v\u00e1lidamente prestado por el sujeto pasivo, ha de acudirse
al conjunto de circunstancias del caso concreto.
Asimismo, como ha quedado expuesto, las pautas culturales, las costumbres
o la cultura en la que el agente ha formado su personalidad -entendida
esta \u00faltima como el sistema de normas o pautas de comportamiento que
condicionan la manera en que una persona reacciona en una situaci\u00f3n
determinada- han de ser consideradas por el juez conforme a los recaudos
de la causa y a sus caracter\u00edsticas personales y condici\u00f3n social. De igual
manera, el juez podr\u00e1 tomar en cuenta su declaraci\u00f3n y valorarla conforme
a los efectos atenuatorios que establece el art\u00edculo 136\u00ba del C\u00f3digo de
Procedimientos Penales, siempre que se cumplan los presupuestos y
requisitos correspondientes.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

En conclusi\u00f3n:<\/em><\/h3>\n\n\n\n

La corte ratifica las directrices establecidas en el Acuerdo Plenario. N.\u00b0 07-2007 \/CJ-116 y, adem\u00e1s, aclara que la libertad sexual se aplica a toda relaci\u00f3n voluntaria mantenida con adolescentes de catorce a dieciocho a\u00f1os de edad. Se reitera que las personas mayores de 14 a\u00f1os gozan de libertad sexual, como parte integral del principio de libertad sexual.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, se entiende que la identidad sexual protegida por el estado ser\u00e1 hasta los 14 a\u00f1os de edad.<\/p>\n\n\n\n

Sobre la imputabilidad restringida en los delitos de violaci\u00f3n sexual<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Se les da potestad a los jueces para inaplicar el art\u00edculo 22 del CP, si estiman que dicha norma es discriminatoria, desigual y desproporcionada.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n
<\/object>AcuerdoPlenario4-2008<\/a>Descarga<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Asunto: Aplicaci\u00f3n del Art\u00edculo 173\u00ba. 3 Del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47,7,13,12,3,4,82],"tags":[32,20,19],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77"}],"collection":[{"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":366,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77\/revisions\/366"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/derecho.unap.edu.pe\/jurisprudencia\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}