Semana 10: "El Cobro de las Tasas de Anclaje"

4. Fallo

Por las consideraciones expuestas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 344, numeral 2, literal b) del Código Procesal Penal, esta defensa técnica solicita se declare FUNDADO el requerimiento de sobreseimiento, disponiéndose el archivo definitivo de la presente causa, por cuanto el hecho atribuido a Renato Gómez resulta manifiestamente atípico respecto del delito de Concusión previsto en el artículo 382 del Código Penal.
En consecuencia, corresponde declarar que no concurren los elementos objetivos del tipo penal imputado, toda vez que no se ha acreditado que el procesado haya obligado o inducido indebidamente a la entrega de un bien o beneficio patrimonial para sí o para otro, sino que actuó en estricto cumplimiento de una Ordenanza Municipal vigente, emitida por el Concejo Municipal dentro del ejercicio de sus funciones normativas, la cual disponía expresamente el cobro obligatorio de la denominada “Tasa especial por uso de infraestructura portuaria de contingencia”.
Asimismo, se encuentra acreditado que la suma de S/ 200.00 fue percibida institucionalmente por la Municipalidad Distrital, mediante la emisión del respectivo comprobante oficial debidamente timbrado y numerado por la Tesorería Municipal, no existiendo elemento alguno que permita sostener que el imputado obtuvo provecho económico personal o procuró un beneficio patrimonial ilícito para terceros.
Del mismo modo, la advertencia realizada al administrado respecto a la imposibilidad de utilizar la infraestructura portuaria sin efectuar previamente el pago exigido por la normativa municipal constituye una actuación funcional vinculada a la ejecución de una disposición administrativa obligatoria y no un abuso arbitrario del cargo dirigido a obtener una ventaja patrimonial indebida.
Desde una perspectiva dogmática, la conducta atribuida al investigado tampoco evidencia el abuso funcional exigido por el artículo 382 del Código Penal. El abuso del cargo presupone la utilización desviada, arbitraria o extralimitada de las competencias públicas con la finalidad de obtener una ventaja patrimonial ilegítima. No obstante, Renato Gómez actuó precisamente dentro del marco de las funciones que la propia Municipalidad le había encomendado. El Ministerio Público no sostiene que el investigado haya creado la tasa, modificado el monto exigido, ocultado el destino del dinero o dispuesto su ingreso a una cuenta personal. Por el contrario, los hechos revelan que ejecutó una disposición institucional preexistente y efectuó el cobro mediante los mecanismos oficiales establecidos por la administración municipal.
En tal sentido, aun cuando posteriormente pudiera discutirse la legalidad o validez de la Ordenanza Municipal N.° 012-2025-MD, ello constituye una controversia de naturaleza administrativa o contencioso-administrativa, mas no un supuesto de relevancia penal capaz de configurar el delito de Concusión.
La doctrina especializada ha señalado que no existe concusión cuando aquello que se exige posee sustento jurídico o corresponde a una obligación legalmente establecida. En tal sentido, Abanto Vásquez sostiene que la nota característica de la concusión radica en la obtención de una ventaja patrimonial no debida, mientras que Reátegui Sánchez destaca que el elemento “indebidamente” funciona como un límite material de la tipicidad, excluyendo aquellos supuestos en los que el funcionario actúa respaldado por una obligación normativa. Esta interpretación coincide con la jurisprudencia nacional que reconoce que la exigencia patrimonial debe carecer de fundamento legal para adquirir relevancia penal.
Del mismo modo, resulta jurídicamente relevante advertir que el beneficio económico obtenido no estuvo destinado al patrimonio personal del imputado. La investigación ha determinado que los S/ 200,00 ingresaron a la esfera patrimonial de la Municipalidad Distrital mediante los mecanismos oficiales de recaudación. No existe un solo elemento de convicción que permita sostener que Renato Gómez buscó obtener un provecho económico propio, una comisión ilegal o cualquier forma de enriquecimiento indebido. Este dato resulta particularmente significativo porque la finalidad político-criminal del delito de concusión consiste en reprimir el aprovechamiento patrimonial ilegítimo derivado del ejercicio abusivo de la función pública. Cuando el funcionario actúa ejecutando una orden institucional y los fondos son incorporados a las arcas de la entidad pública, desaparece el contenido de injusto que justifica la intervención penal.
Asimismo, la advertencia formulada por el investigado respecto de las consecuencias de no efectuar el pago tampoco puede ser interpretada aisladamente como un acto de coacción penalmente relevante. La Fiscalía pretende presentar dicha manifestación como una amenaza arbitraria; sin embargo, omite considerar que la exigibilidad de una tasa administrativa presupone necesariamente la existencia de mecanismos destinados a asegurar su cumplimiento. En consecuencia, la comunicación al administrado de las consecuencias derivadas del incumplimiento de una obligación económica establecida por una norma vigente no constituye, por sí sola, una conducta típica de concusión. Lo contrario equivaldría a criminalizar toda actuación funcional orientada a la ejecución de obligaciones administrativas legalmente establecidas.
Por tanto, al no verificarse el elemento normativo “indebidamente” exigido por el artículo 382 del Código Penal, ni la finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito para sí o para otro mediante abuso del cargo, los hechos materia de imputación carecen de tipicidad penal, resultando jurídicamente improcedente la continuación del proceso.
POR ESTAS CONSIDERACIONES:
Solicito se dicte AUTO DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de Renato Gómez por la causal prevista en el artículo 344.2 literal b) del Código Procesal Penal, disponiéndose el archivo definitivo de los actuados y el levantamiento de toda medida restrictiva que se hubiera impuesto con motivo del presente proceso.