Semana 6: El Aporte del "Buen Samaritano"

2. Dogmática

Para determinar la responsabilidad penal de Carlos Ruiz, corresponde analizar su conducta conforme a las categorías de la teoría del delito: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Este análisis no puede quedarse en una verificación formal del tipo penal, sino que debe incorporar una valoración material del hecho en función de los bienes jurídicos involucrados y los principios que rigen el Derecho Penal en un Estado constitucional.
1. Tipicidad: aproximación formal y material
Desde una perspectiva formal, la conducta desplegada por el imputado encuadra en el tipo penal previsto en el artículo 359-A del Código Penal peruano, en tanto se ha acreditado la recepción de un aporte económico proveniente de una fuente prohibida, con conocimiento de dicha condición y por un monto superior al límite legal establecido. Estos elementos permiten afirmar, en un primer nivel de análisis, la concurrencia de tipicidad formal.
No obstante, la dogmática penal contemporánea exige complementar este análisis con la tipicidad material, la cual implica verificar si la conducta ha generado una lesión o un peligro relevante para el bien jurídico protegido. En este caso, el bien jurídico tutelado por el tipo penal es la transparencia e integridad del sistema de financiamiento político, orientado a evitar la influencia indebida de intereses privados en la competencia electoral.
Sin embargo, los hechos evidencian que el aporte recibido no fue destinado a actividades propias de la contienda electoral, como propaganda, posicionamiento político o captación de votos, sino que fue utilizado de manera inmediata y verificable para la adquisición de alimentos y medicinas en un contexto de emergencia humanitaria. En consecuencia, no se advierte una afectación real al bien jurídico protegido, ya que no se produjo una alteración de la igualdad en la competencia electoral ni una instrumentalización del proceso democrático.
Desde esta perspectiva, la tipicidad material se presenta debilitada, en tanto la conducta, aunque formalmente subsumible, no concreta el riesgo que la norma busca evitar. No obstante, incluso admitiendo la tipicidad en sentido pleno, el análisis debe continuar en el siguiente nivel: la antijuridicidad.
2. Antijuridicidad: exclusión por estado de necesidad justificante
La antijuridicidad implica que la conducta típica sea contraria al ordenamiento jurídico en su conjunto. Sin embargo, esta se excluye cuando concurren causas de justificación, es decir, situaciones en las cuales el propio Derecho autoriza excepcionalmente la realización de conductas que, en principio, se encuentran prohibidas.
En el presente caso, resulta plenamente aplicable el estado de necesidad justificante, previsto en el artículo 20 inciso 4 del Código Penal peruano, cuya función es resolver conflictos entre bienes jurídicos de distinta jerarquía, permitiendo la protección del bien de mayor valor mediante el sacrificio de uno de menor entidad.
En el presente caso, la aparente contradicción entre la conducta típica y el ordenamiento jurídico se resuelve mediante la aplicación del estado de necesidad justificante, previsto en el artículo 20 inciso 4 del Código Penal peruano. Esta figura permite declarar lícita una conducta típica cuando se realiza para evitar un mal mayor, en un contexto de conflicto entre bienes jurídicos.
Desde la doctrina, Claus Roxin sostiene que el estado de necesidad justificante constituye una norma de autorización, en la cual el ordenamiento jurídico permite la lesión de un bien jurídico cuando ello resulta necesario para salvaguardar otro de mayor valor. En esa misma línea, Hans-Heinrich Jescheck señala que esta figura opera cuando la acción es el único medio eficaz para evitar un daño grave e inminente, siempre que exista una adecuada proporción entre los bienes en conflicto.
2.1 Peligro actual e inminente
El primer requisito exige la existencia de un peligro real, concreto y de realización inmediata. En el caso analizado, las comunidades afectadas se encontraban aisladas, sin acceso a alimentos ni atención médica, enfrentando un riesgo cierto de desnutrición severa y enfermedades.
Al respecto, Eugenio Raúl Zaffaroni precisa que el peligro debe ser actual y no meramente hipotético, lo que implica que el daño debe estar en curso o próximo a concretarse. Esta condición se cumple plenamente, dado que la falta de intervención inmediata implicaba la afectación directa a la vida y salud de las personas.
Este peligro no era eventual ni hipotético, sino presente y verificable, lo que satisface el primer requisito del estado de necesidad.
2.2 Falta de provocación del peligro
El peligro que dio origen a la conducta no fue generado por el imputado, sino que responde a causas naturales imprevisibles e inevitables. Carlos Ruiz no contribuyó en modo alguno a la situación de emergencia, lo que excluye cualquier imputación de responsabilidad en la génesis del riesgo.


2.3 Subsidiariedad o inevitabilidad de la conducta
Uno de los elementos centrales del estado de necesidad es la inexistencia de medios alternativos igualmente eficaces para evitar el daño. En el caso concreto, la ayuda estatal se encontraba materialmente imposibilitada debido a las condiciones climáticas, lo que impedía una intervención oportuna por parte del Gobierno Central.
Ante esta situación, la aceptación del dinero proveniente de una fuente prohibida se configuró como el único medio disponible para atender de manera inmediata la emergencia. No se trató de una opción entre varias alternativas viables, sino de una decisión adoptada en un contexto de urgencia, donde la inacción implicaba la concreción del daño.
2.4 Proporcionalidad en la ponderación de bienes jurídicos
El análisis de proporcionalidad constituye el eje central del estado de necesidad justificante. Aquí se enfrentan dos bienes jurídicos: la transparencia del financiamiento político y la vida y salud de personas en situación de vulnerabilidad.
Desde la doctrina, Claus Roxin señala que en casos de colisión, el Derecho debe optar por la protección del bien jurídico de mayor valor. En el mismo sentido, Hans-Heinrich Jescheck afirma que la justificación solo procede cuando el bien salvado es sustancialmente superior al sacrificado.
Esta superioridad no es discutible en el presente caso, ya que la vida humana constituye el valor supremo del ordenamiento jurídico, conforme al artículo 1 de la Constitución Política del Perú, mientras que la norma de financiamiento político tiene una función instrumental dentro del sistema democrático.
En consecuencia, la decisión de sacrificar una regla de carácter administrativo para preservar la vida y salud de personas resulta no solo razonable, sino jurídicamente exigible. La conducta del imputado se alinea con el principio de prevalencia del bien jurídico de mayor valor, lo que justifica plenamente la afectación del bien de menor entidad.
2.5 Finalidad de salvamento
Finalmente, se requiere que la conducta esté orientada a evitar el daño. En el presente caso, el destino del dinero fue transparente, inmediato y verificable, siendo utilizado exclusivamente para la adquisición de alimentos y medicinas.
En este aspecto, Eugenio Raúl Zaffaroni destaca que el estado de necesidad exige un elemento subjetivo de salvación, es decir, que el agente actúe con la finalidad de proteger el bien jurídico en peligro, lo cual se evidencia claramente en la conducta del imputado.
La transparencia en el manejo de los recursos y su utilización directa en la atención de la emergencia excluyen cualquier intención de obtener un beneficio político indebido o de afectar el proceso electoral.
3. Consecuencia jurídica: exclusión de la antijuridicidad
La concurrencia de todos los elementos del estado de necesidad justificante determina que la conducta, aun siendo típica, no sea antijurídica. Esto implica que el hecho se encuentra jurídicamente permitido, al responder a una situación excepcional en la que el ordenamiento prioriza la protección de bienes fundamentales.
La conducta de Carlos Ruiz, si bien encuadra formalmente en el tipo penal de financiamiento prohibido, carece de antijuridicidad material al haberse realizado en un contexto de estado de necesidad justificante. En efecto, el imputado actuó frente a un peligro actual e inminente, no provocado por él, utilizando el único medio disponible para salvaguardar bienes jurídicos de máxima jerarquía, como la vida y la salud.
En tal sentido, el ordenamiento jurídico no solo no prohíbe su conducta en este contexto, sino que la reconoce como legítima, lo que conduce necesariamente a una conclusión absolutoria.
Acompañado de RN. N° 409 – 2011 – JUNIN:
Fundamento QUINTO sostiene lo siguiente:
“No es obstáculo apelar al estado de necesidad justificante cuando concurra provocación imprudente derivada de una ineficiente gestión publica. Empero. debe acreditarse la inevitabilidad del mal causado”.