Semana 6: El Aporte del "Buen Samaritano"

2. Dogmática

Esta Ley sanciona dos tipos de conducta: el financiamiento prohibido de organizaciones políticas: -dar y recibir dinero de fuentes prohibidas para el funcionamiento de una organización política-, y la punición de falsedades al momento de declarar las fuentes de dicho dinero.
Este tipo penal, constituye una forma de protección adelantada frente a los delitos contra la administración pública. Ello quiere decir que se ha buscado filtrar los posibles delitos desde la carrera política, esto sin esperar a que la corrupción se produzca dentro de la administración.
En estos tipos penales de financiamiento ilegal de partidos políticos, previsto en los artículos 359°-A y 359°-C, se establecen las fuentes de financiamiento legalmente prohibidas, incluyendo el dinero que provenga de personas jurídicas nacionales o extranjeras sancionadas penal o administrativamente en el país o fuera de él.
La conducta de Carlos Ruiz se subsume de manera clara en el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas (artículo 359-A del Código Penal, en su modalidad agravada), al haber aceptado, en su calidad de tesorero, un aporte proveniente de una fuente legalmente prohibida y por un monto superior a 50 UIT. El hecho de que el dinero haya sido destinado a fines humanitarios no elimina la tipicidad ni el dolo, pues el agente conocía la prohibición y, aun así, decidió vulnerarla. Conforme a la tradición retributiva representada por Immanuel Kant y G. W. F. Hegel, la pena responde a la infracción del deber jurídico, con independencia de la finalidad subjetiva del autor. En ese sentido, la doctrina citada es categórica al señalar que la pena constituye “la mera sanción del delito sin importar su influencia futura” , lo que impide justificar la conducta en función de su resultado beneficioso.
Desde la perspectiva de la prevención general negativa, desarrollada por Feuerbach, la necesidad de sancionar se refuerza, en tanto la pena cumple una función disuasiva dirigida a la colectividad. Admitir que el financiamiento ilícito puede tolerarse cuando se invoquen fines altruistas generaría un precedente peligroso, debilitando la eficacia de la norma penal y abriendo la puerta a su instrumentalización en contextos electorales. Como recoge la doctrina, la pena opera como una amenaza que disuade a los demás sujetos de incurrir en conductas similares , lo cual resulta especialmente relevante tratándose de delitos que afectan la transparencia del sistema democrático.
A su vez, desde la prevención general positiva, en la formulación de Günter Jakobs, la pena se justifica como mecanismo de reafirmación de la vigencia de la norma. El derecho penal no solo protege bienes jurídicos concretos, sino la confianza de la sociedad en el orden normativo. En el presente caso, la conducta no solo consistió en aceptar un aporte prohibido, sino que lo hizo en pleno proceso electoral y con publicidad, lo que incrementa el riesgo de deslegitimación del sistema. Tal como indica el texto analizado, la pena cumple la función de reafirmar el sistema y sostener el consenso social . La ausencia de sanción transmitiría el mensaje de que las normas pueden ser vulneradas si se alegan fines nobles, lo cual resulta incompatible con un Estado de Derecho.
Si bien el contexto evidencia una finalidad humanitaria, ello no configura un estado de necesidad justificante. Este exige no solo la existencia de un peligro actual, sino también que el medio empleado sea el único o el menos lesivo para evitar el daño. En el caso concreto, la conducta de Carlos Ruiz no solo permitió atender una emergencia, sino que simultáneamente generó una ventaja política indebida en favor de su organización en plena campaña electoral. Esta doble dimensión —humanitaria y político-electoral— impide considerar que se trate de un sacrificio legítimo de un bien jurídico en favor de otro de mayor valor, pues se instrumentalizó la situación de emergencia para obtener un beneficio político, afectando la igualdad de condiciones en la contienda electoral.
Finalmente, si bien corrientes críticas como el minimalismo penal de Alessandro Baratta, el garantismo de Luigi Ferrajoli o la teoría agnóstica de Eugenio Raúl Zaffaroni abogan por limitar el poder punitivo del Estado y advierten sobre los riesgos de su uso excesivo, ello no autoriza a desproteger bienes jurídicos estructurales como la transparencia y legitimidad del sistema democrático. Estas propias corrientes reconocen que el derecho penal conserva un núcleo mínimo de intervención legítima, especialmente cuando están en juego reglas esenciales de convivencia institucional. En ese sentido, la sanción en el presente caso no constituye un uso arbitrario del poder punitivo, sino una respuesta necesaria para preservar la vigencia de las normas que garantizan la integridad del proceso electoral.

LEY Nº 30997: LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL E INCORPORA EL DELITO DE FINANCIAMIENTO PROHIBIDO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS
El análisis de la relación entre el caso y el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios (Res. 001669-2021-JN/ONPE) revela una contradicción directa entre la omisión del deber de control y el cumplimiento formal de transparencia. Según el Artículo 91 del Reglamento, Carlos Ruiz ostenta una posición de garante sobre la legalidad de los fondos, lo que le obligaba a rechazar el aporte de la constructora por ser una fuente prohibida conforme al Artículo 77, debido a sus procesos judiciales vigentes. No obstante, al declarar voluntariamente el monto de S/ 250,000 en el portal Claridad, el tesorero cumplió con el mandato de rendición de cuentas, lo que dogmáticamente elimina el animus celandi (intención de ocultar), pero no la infracción administrativa ni la tipicidad penal. Esta situación evidencia que, bajo el rigor del Reglamento, la conducta de Carlos se subsume en una infracción muy grave, ya que la norma no prevé excepciones por ayuda humanitaria o proyección social ante desastres, priorizando la intangibilidad del sistema de financiamiento sobre la motivación del gasto.
El Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios [Resolución Jefatural 001669-2021-JN/ONPE] indica:
Artículo 65.- Fuentes prohibidas de financiamiento
Las organizaciones políticas y las candidaturas distintas a la presidencial (elecciones congresales, regionales, municipales y para el Parlamento Andino) y alianzas electorales no pueden recibir aportes de ningún tipo provenientes de:
c. Personas jurídicas con fines de lucro, nacionales o extranjeras.
d. Personas jurídicas nacionales sin fines de lucro.
f. Personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada, o con mandato de prisión preventiva vigente por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado (…).

Artículo 91.- Funciones de la persona tesorera
Es responsabilidad de la persona tesorera o su suplente:
4. La recepción y el gasto de los fondos partidarios de las organizaciones políticas, conforme a lo acordado por los órganos y autoridades que señale el Estatuto.
5. La suscripción de los documentos y recibos que sustenten los ingresos y gastos de la organización política…
6. La suscripción de la información financiera y demás documentos que reflejan la situación económico-financiera de la organización política y su entrega a la ONPE..."