Dataset: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.33075623

El estudio, titulado «El control social comunal y su incidencia en la cifra negra del delito de violencia familiar en las comunidades campesinas de Lluco y Carata, 2025-2026», fue desarrollado por investigadores de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA PUNO). El objetivo principal de la investigación es comprender cómo los mecanismos de justicia comunal (autoridades locales, padrinos, familiares) abordan los casos de violencia familiar y cómo esta intervención comunitaria contribuye a la «cifra negra» del delito, es decir, a la cantidad de casos reales que no son denunciados y quedan invisibilizados ante el sistema penal del Estado. Puntos y hallazgos más importantes:La «Escalera de resolución comunitaria»: En las comunidades de Lluco y Carata existe un sistema escalonado para resolver conflictos de violencia familiar. El trabajo de campo demostró que el 63% de los casos fueron atendidos inicialmente por padrinos y familiares. El 26% acudió a los tenientes gobernadores o autoridades comunales. Apenas el 11% llegó a los jueces de paz. Resulta revelador que ningún caso acudió de manera inicial a la Policía Nacional o a la DEMUNA. Al finalizar el conflicto, el 54% de los casos se resolvió únicamente con la intervención de los padrinos de matrimonio. Factores que alimentan la «Cifra Negra»: El estudio identifica múltiples motivos por los que las víctimas no acuden a la justicia formal:Factores victimológicos: Existe temor a las represalias del agresor, miedo al rechazo o estigmatización comunitaria, preocupación por la desintegración familiar y dependencia económica. Factores geográficos e institucionales: Las comunidades están alejadas de las instituciones de justicia formales (por ejemplo, hay una distancia de hasta 20.1 km desde Carata hasta la Comisaría de Huata), lo que implica un mayor costo económico y de tiempo. Además, hay una débil presencia del Estado en la zona. Factores socioculturales: La presión comunitaria y la legitimidad que tienen las autoridades locales hacen que la población confíe más en resolver sus problemas internamente. El problema del pluralismo jurídico: El reporte reconoce que coexisten dos sistemas: la justicia comunal y la justicia estatal. Si bien la justicia comunal es legítima y rápida, aplicarla de forma exclusiva en casos de violencia invisibiliza los delitos y dificulta la creación de políticas públicas. El estudio concluye resaltando que es necesaria una articulación y coordinación entre ambos sistemas de justicia para proteger verdaderamente a las víctimas y reducir los delitos no registrados.