En esta sentencia, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Decreto Legislativo 1097, el cual establecía un nuevo régimen de prescripción para los delitos de lesa humanidad, genocidio y tortura. El Tribunal determinó que dicho decreto era incompatible con las obligaciones internacionales del Perú y con la protección de los derechos humanos, reafirmando la imprescriptibilidad de estos delitos