En esta decisión, el Tribunal abordó el tema del incumplimiento de la reparación civil en casos penales, afirmando que la exigencia de pagar la reparación civil no contraviene la prohibición de prisión por deudas establecida en la Constitución, ya que dicha obligación no es de naturaleza civil sino penal. Esta sentencia tiene implicaciones importantes para el cumplimiento de sentencias penales y la ejecución de penas​