DECRETO SUPREMO Nº 012-2020-JUS EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1322, Decreto Legislativo que regula la vigilancia electrónica personal, publicado el 06 de enero de 2017 en el diario oficial El Peruano, se establecen disposiciones para normar la vigilancia electrónica personal; Que, mediante Ley Nº 31020, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia penal, procesal penal y penitenciaria a fin de establecer medidas para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de COVID-19, se autoriza al Poder Ejecutivo a legislar por el término de siete (7) días calendario; Que, el artículo 2 del citado texto normativo establece la facultad de legislar en materia penal, procesal penal, penitenciaria y de justicia penal juvenil, en particular en lo que respecta a la revisión de medidas de coerción procesal, y a beneficios penitenciarios, conversión de penas, vigilancia electrónica personal, redención de penas y demás figuras que permitan evaluar el egreso de personas procesadas y condenadas por delitos de menor lesividad mediante medidas, procedimientos y/o mecanismos excepcionales para impactar de manera directa e inmediata en la sobrepoblación que afecta al Sistema Nacional Penitenciario y al Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, a fin de evitar el contagio masivo con COVID-19 de las personas privadas de libertad, de los servidores que trabajan en establecimientos penitenciarios y centros juveniles, y de la ciudadanía en general; Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1514, Decreto Legislativo que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia electrónica personal como medida coercitiva personal y sanción penal a fin de reducir el hacinamiento, se modifican disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1322, Decreto Legislativo que regula la vigilancia electrónica personal, del Decreto Legislativo Nº 635, Código Penal, y del Decreto Legislativo Nº 935, Código Procesal Penal, vinculadas a la vigilancia electrónica personal que redefinen esta institución, en sus aspectos sustantivos, procesal y operativo; Que, por dicha razón se hace necesario derogar el Decreto Supremo Nº 004-2017-JUS mediante el cual se aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1322, que regula la vigilancia electrónica personal y establece medidas para la implementación del plan piloto, y emitir un nuevo reglamento que permita una adecuada aplicación de la medida y que oriente de modo adecuado a los operadores de justicia y a los procesados o condenados; De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el numeral 7 del artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; DECRETA: Artículo 1.- Aprobación Apruébase el Reglamento de aplicación de la Vigilancia Electrónica Personal, que consta de dos títulos, seis capítulos y veintiséis artículos, el mismo que en Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo. Artículo 2.- Difusión A efectos de su difusión, el presente Decreto Supremo y su Anexo se publican en el portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.minjus.gob.pe), el mismo día de la publicación del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano. Artículo 3.- Financiamiento La implementación de la presente norma, en el caso de entidades públicas, se financia con cargo a su presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Artículo 4.- Refrendo El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Justicia y Derechos Humanos. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Primera.- Conservación de los datos derivados de la vigilancia electrónica Los datos producidos por el monitoreo de la vigilancia electrónica son de acceso restringido y se sujetan a las disposiciones de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, normas modificatorias y reglamentarias, en todo cuanto resulte aplicable. El responsable de este tratamiento de datos es el Instituto Nacional Penitenciario, el cual debe asegurar su disponibilidad para autoridades judiciales y fiscales para efectos de las funciones que, por mandato de ley, tienen asignadas y por un periodo de cinco (5) años. Una vez transcurrido el periodo descrito en el párrafo anterior, los datos obtenidos deben ser eliminados. Segunda.- Protocolos y directivas de la vigilancia electrónica personal El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario, elabora y aprueba los protocolos y directivas para la aplicación de la vigilancia electrónica personal. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA Única.- Régimen de actuales usuarios de la medida de vigilancia electrónica personal A la entrada en vigencia del presente reglamento, el Instituto Nacional Penitenciario asume el costo de la vigilancia electrónica personal de todos los usuarios a los que se impuso la medida, adoptando para ello las acciones que sean necesarias. El Poder Judicial modifica de oficio, en un plazo no mayor a quince días hábiles desde la entrada en vigencia del presente reglamento, las resoluciones judiciales de usuarios que vienen cubriendo el costo del uso del dispositivo electrónico para la vigilancia electrónica personal a fin de garantizar la gratuidad de la medida, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1322, Decreto Legislativo que regula la vigilancia electrónica personal. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA Única.- Derogación del Decreto Supremo Nº 004-2017–JUS Deróguese el Decreto Supremo Nº 004-2017-JUS, que aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1322, que regula la vigilancia electrónica personal y establece medidas para la implementación del plan piloto. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil veinte. MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO Presidente de […]
